“Con 370 euros de pensión que me da la Generalitat no me da para vivir. Tengo una discapacidad del 67%, fibromialgia y hernias discales”, denuncia la vecina de Alaquàs (Valencia) de 64 años, Julia Marzal, quien pide que se revise su caso y se aumente esta cuantía para poder afrontar los gastos de su día a día, una parte importante en medicamentos.
Según explica, hace 25 años, vio por la televisión a una familia que pedía médula para su hijo que estaba enfermo y, entonces, en un arrebato de empatía y solidaridad decidió llamar. Hasta pasados los meses no volvió a saber del tema pero finalmente contactaron con ella para llevarle a cabo unos análisis con el motivo de constatar su estado de salud y ver si era o no compatible para ser donante.
La vecina decidió involucrarse en el proceso y aunque reconoce que “no recibía prácticamente información”, finalmente aceptó la propuesta con el fin de ayudar a otra persona.
“Me llamaba una psicóloga para convencerme. Resulta que me contactaban de una fundación de Barcelona y al final la médula sería para una mujer que estaba enferma de cáncer en Seattle. Tras diferentes llamadas, cedí porque me aseguraron que me iban a extraer muy poca médula, que no me causaría ningún problema y que prácticamente no me pondrían anestesia, ya que sería una acción superficial”, contaba la vecina del municipio de l’Horta Sud.
Tal y como narra, la intervención se la ejecutaron en la antigua Fe de València y allí asegura que constató la “mala organización y poca información” que había recibido. Según su versión, el hematólogo encargado le preguntó “si sabía cuánta médula le iban a extraer, ya que esta no era poca cantidad”, con lo que ella se asustó pero se dejó llevar por las palabras de los expertos de la fundación que la asesoraban.
La vecina afirma que fue necesaria una anestesia general de tres horas. “Mi médica de cabecera de ese entonces me decía que había hecho una barbaridad, que iba a tener muchos problemas, pero a mí no se me informó de nada. A partir de ese momento comenzaron las hernias discales y se me interrumpió la menstruación. No toleraba las medicinas convencionales para paliar el dolor y tuve que acudir a un psicólogo”, explica, siempre según su versión.
Marzal insiste en que, hasta entonces, gozaba de una “salud excepcional”, como indicaban los informes que se le realizaron para la extracción. “Ese momento marcó un antes y un después en mi vida. Yo tenía 39 años, mis hijos ya eran mayores y. por fin. podía cumplir mi sueño de trabajar como esteticista, pero lo tuve que aparcar porque no tenía energía”, subraya.
Aunque interpuso entonces diversas denuncias, no le dieron la razón ya que no existe ningún informe médico oficial que conecte sus dolencias con aquella donación. “Ahora ya no busco responsables, lo único que quiero es conseguir una aumento de pensión en la Generalitat, ya que con la actual no me da para pagar las medicinas y, cuando tengo los episodios de dolor, necesito a una personas cerca”, expresa.
“Lo único que quiero ahora es que me ayuden a vivir. Yo no he trabajado, nunca no he podido, pero es que con 370 euros que me otorgan por mi discapacidad, no me da para pagarme las medicinas que necesito, y para tener ayuda en casa una vez a la semana, porque yo ya no me valgo por mí misma”, explica.
A pesar de que en los últimos informes médicos se incluyó la fibromialgia que padece, no se le subió en grado de discapacidad. “Si la Generalitat no me ayuda a vivir, entonces me tendrá que ayudar a morir, ahora que es legal la eutanasia, porque yo no tengo energías para seguir luchando”, reclama Marzal además de informar que ya tiene redactado un testamento desde hace cuatro años.
