Más datos, muy preocupantes, sobre nuestra precaria salud mental. Esta mañana, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado los datos de una encuesta, anónima, realizada a más de 2.000 empleados públicos de distintos ámbitos. Cifras inquietantes que indican que casi la mitad de esos trabajadores consumen prácticamente a diario fármacos psicoactivos como ansiolíticos, antidepresivos o somníferos. Sobresale un perfil: mujer de entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o en un centro educativo y que consume cada día pastillas para combatir la ansiedad. Y muro duro: más de la mitad de esos trabajadoras reconocen que, antes de la pandemia, no consumían este tipo de fármacos.

La secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Encarna Abascal, y el presidente del sector nacional de Sanidad del sindicato, Fernando Hontangas, han presentado los datos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este lunes. El estudio, titulado 'Encuesta sobre la salud mental en el ámbito laboral', arroja datos de entrevistas a más de 2.000 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas: administración general del Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, educación, sanidad, justicia y empresas públicas).

El informe pone de manifiesto los efectos de la pandemia y la crisis económica en la salud mental de los funcionarios. El consumo diario de estos fármacos es casi generalizado, según la encuesta de CSIF, en todos los ámbitos de la administración, aunque con especial incidencia en el ámbito de la sanidad y educación. El perfil mayoritario es el de una mujer de entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o de un centro educativo que consume ansiolíticos a diario, "por soportar un exceso de carga de trabajo o por pensar que carece del debido reconocimiento profesional", según ha explicado Encarna Abascal.

El estrés y el consumo

Según la encuesta, los psicofármacos más consumidos son: ansiolíticos (66 % de los que reconocen su uso), antidepresivos (43,6 %) y somníferos (32,1 %). Un 51 % de los encuestados aseguran consumir estos fármacos a diario, un 13 % varias veces en semana, un 21 % alguna vez al mes, y un 15 %, en el último año. El 76 % manifiesta que el trabajo le influye a la hora de consumir esta sustancias: un 54,2 % lo relaciona por un exceso de carga de trabajo, un 44,6 por el escaso reconocimiento profesional y un 37,7 % por el mal clima laboral (conflictos, situaciones de acoso...).

Además, un 21,22 % asocia el uso de pastillas a la inseguridad laboral (temporalidad, interinidad, etc), un 20,6 % a los problemas con los usuarios a los que presta servicio y un 12,6 % a los problemas económicos. Otro dato significativo, reseñan desde CSIF, es que más de la mitad (55 %) de los encuestados reconocen que no consumían esta medicación antes de la crisis sanitaria, mientras que el 93 % se quejan de la ausencia en sus centros de trabajo de iniciativas sobre protección de la salud mental.

El sindicato denuncia el "elevado número" de bajas laborales por problemas de salud mental y su "infradeclaración como contingencia profesional", ya que, según han explicado sus responsable, difícilmente puede justificarse la relación causal entre daño psicológico y actividad laboral. En este sentido, ha lanzado una campaña que pretende ofrecer ayuda a los empleados públicos en situación de riesgo psicosocial y ha exigido al Gobierno a que ponga en marcha un paquete de medidas centradas en promover la prevención de riesgos para la salud mental en los centros de trabajo, entre los que destacan.

Psicólogo en el trabajo

La secretaria nacional de CSIF del sindicato abogó por medidas como la aprobación de una directiva europea sobre riesgos psicosociales y su desarrollo a través de un real decreto; planes de prevención e intervención sobre conductas adictivas en el ámbito laboral; establecer la figura del psicólogo en el trabajo e incluirla en la ley de prevención de Riesgos Laborales o la elaboración de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio o la vigilancia de la salud mental en los centros de trabajo.

En la misma línea, el presidente del sector nacional de Sanidad del sindicato, Fernando Hontangas, puso sobre la mesa realidades que se han ido destapando durante estos años de pandemia, aunque venían de mucho atrás: que la salud mental supone tan solo del 5 % del gasto sanitario total en sanidad; que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media, aunque en Andalucía y Castilla-La Mancha, puede llegar hasta 4 y 5 meses respectivamente, para la primera consulta y en Aragón, hasta los 9 meses. O que la demora para que te vea un psicólogo en la sanidad pública, ronda los cuatro meses. Y a veces llega hasta seis en Cantabria y Castilla y León o un año en Aragón.

Además, CSIF critica que la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 tampoco se ha implantado en todas las comunidades (no está presente ni en Cataluña ni Comunidad Valenciana, por ejemplo, precisan), y apunta a Cataluña y Madrid, entre otras regiones, como las que tampoco han reforzado sus servicios de salud mental tras la pandemia. Los dos representantes del sindicato incidieron en el "escaso apoyo de las empresas" y situaron el estrés como una de las causas más importantes si se habla de bajas laborales. "No se ha abordado de forma eficaz. El estrés y la depresión sólo se reconocen como enfermedad laboral si es causada por el trabajo. Y, así, con estas cifras no podemos continuar", se lamentó Encarna Abascal.