Diazepam, papeleo y caras de angustia por el fondo buitre. Es la escena nada más abrir la puerta de Dolores y Antonio, un matrimonio de personas mayores que este viernes han esquivado el desahucio gracias a la presión vecinal y de los activistas de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH). Se enteraron del lanzamiento ayer y han actuado rápido, aunque solo han conseguido paralizar el desalojo diez días.
Los afectados llevan 24 años viviendo en Marxalenes (València), toda la vida en el barrio. "Los dos somos hipertensos y tenemos otras dolencias, así que llevamos una semana a base de diazepam para relajarnos. Anoche no dormimos absolutamente nada", cuenta Antonio. Dolores se apoya la cabeza con una mano y la cara de preocupación, mientras los activistas de la PAH (un hombre y una mujer) hacen llamadas de teléfono a todos los recursos posibles para que esta familia se quede en casa.
El desahucio se ha parado, pero la carrera en realidad empieza hoy. El objetivo ahora es conseguir demostrar ante el juez que se trata de una familia vulnerable y que, por lo tanto, cumplen los requisitos para acogerse a la moratoria del escudo social del gobierno (vigente hasta el 31 de diciembre si no hay prórrogas).
La realidad es que Antonio y Dolores no habían dejado a deber ni un mes. Es una forma de decirlo, porque el contrato de alquiler con el fondo buitre BuildingCenter acabó en 2021 sin que ellos dejaran ni una cuota a deber. Pero según explica Antonio (y demuestra con recibos) continuó pagando su cuota mes a mes al mismo número de cuenta, y el fondo aceptó su ingreso. No ha sido hasta más de un año después cuando ha decidido ejecutar el desahucio al tener el contrato vencido. Pero el propio fondo buitre reconoce que tienen "un excedente" de más de 2.000 euros, cuando el alquiler era de 150 euros al mes.
La vivienda ya ha pasado por varias manos. Tras firmar la hipoteca con Caixabank, Antonio perdió la vivienda en 2008 por no pagar. El banco decidió aceptar una dación en pago (entregar la vivienda a cambio de quedar libre de deudas) y hacer un alquiler social a Antonio en ese mismo lugar. Pero hace unos años Caixabank vendió esa propiedad (con inquilino incluído) al fondo buitre BuildingCenter. Una operación gigantesca que se dio en 2018 y en la que la entidad bancaria se deshizo de decenas de miles de activos inmobiliarios. Entre los que estaban la casa de Antonio y Dolores "y muchas familias del barrio que están igual", dice él. En manos de un fondo buitre.
Desconocimiento
La realidad es que el matrimonio, ante el desconocimiento, no se había movido todo lo que debería. No presentó a tiempo el informe de vulnerabilidad y tampoco estaba registrado en el registro de demandantes de vivienda pública. Ahora sí que lo están gracias al asesoramiento de la PAH, que está moviéndose por todos los servicios públicos en busca de una vivienda alternativa para Dolores y su marido.
Mientras la nuera de Dolores rellena papeleo los activistas hacen llamadas a la oficina por el derecho a la vivienda del ayuntamiento de València, a la entidad valenciana de vivienda (Evha), a servicios sociales y a cualquier otro sitio que pueda serles útil a este matrimonio. Porque alternativa no tienen. Con la Renta Valenciana de Inclusión y la pensión de Dolores ganan 900 euros al mes.
Un alquiler de 150 euros se puede pagar, pero ni de lejos llegan a los precios del mercado inmobiliario actual. "Un piso como el nuestro, que es uno bastante normal de una familia trabajadora, no se alquila por menos de 700 euros. Es imposible permitirse eso", lamenta Antonio. "Ahora mismo todo el barrio está así, el vecino que consigue un alquiler de 500 euros es un milagro", explica. Además, denuncia que "ya no es solo el precio, es que te piden dos meses de fianza, que si aval, jornada completa y muchísimos requisitos que la mayoría no cumples", alquilar un piso hoy es imposible.
19 desahucios cada día
El de Dolores y Antonio es un caso, pero los juzgados valencianos han practicado 3.387 desahucios en los primeros seis meses del año. Es decir, hay casi 19 desahucios cada día en la Comunitat Valenciana, pese a un escudo social que los limita en muchos casos. Uno de cada tres (1.252) son por impago de la hipoteca, y la mayoría (2.020) ya son por impago del alquiler, mientras que el resto son por otras causas.
Son los principales datos presentados en el informe sobre los efectos de la crisis, del Consejo General del Poder Judicial, dados a conocer este martes. Si nos fijamos en le mismo periodo del año anterior, los lanzamientos o desahucios practicados bajaron un 13,4%, tanto por impago de alquiler (-9,7%) como por ejecución hipotecaria (-20,3%). Pero los datos del primer trimestre compensan la bajada.
