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Agencia Espacial Española

Recta final en la batalla política por la sede de la ‘nasa española’

Sevilla es la principal contrincante de Gran Canaria en un marco de pugna territorial por la descentralización de sedes oficiales del Estado

La ministra de Ciencia, Diana Morant, en el interior de uno de los telescopio del Roque de Los Muchachos, en La Palma. LP / DLP

Hoy, un minuto antes de la medianoche, acaba el plazo para la presentación de las candidaturas para albergar la sede de la futura Agencia Espacial Española (AEE) para la que, hasta la fecha, se han anunciado un total de once ciudades interesadas de hasta siete comunidades autónomas. Tras un proceso interno de preselección por parte de los gobiernos regionales de cada uno de los territorios que optan a la designación, el Gobierno central deberá ahora decidir la ubicación que considera más oportuna para un organismo que ha despertado un gran interés entre aquellas zonas en que, de antemano, se dispone de algún tipo de infraestructura ligada a la industria aeroespacial, así como otras que, sin contar con ellas, consideran que se trata de una gran oportunidad para un salto cualitativo en su desarrollo económico y tecnológico, con grandes oportunidades de inversión y de creación de empleo.

Canarias opta con tres candidaturas formales, las de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, pero con una apuesta clara desde el gobierno regional por la primera de ellas. La decisión por el Consejo de Gobierno se tomó al límite del plazo el jueves y no evita que la candidatura de Fuerteventura se desmarque del procedimiento regional y oficialice por su cuenta su propio proyecto.

Canarias no es la única comunidad autónoma que presenta varias candidaturas, cosa que también hacen Andalucía (Sevilla y Huelva) y Madrid (Tres Cantos y Robledo de Chavela). Esta estrategia podría restar opciones a las que en cada una de estas regiones se presentan como aspirantes prioritarias, como sería el caso de Gran Canaria, o la de Sevilla en Andalucía, pero desde el Ejecutivo central se insiste en que solo se atenderán criterios técnicos y que no habrá ningún otro tipo de consideración. Las otras candidaturas son las de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), León, Teruel y Puertollano (Ciudad Real).

Sin embargo, el aspecto político de la elección está servido dado que este concurso está inmerso en el proceso de descentralización de organismos públicos emprendido por el Gobierno de Pedro Sánchez, evitando situar en Madrid los de nueva creación.

En esta carrera por hacerse con sedes nuevas Canarias opta también a la de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), a la que aspira Tenerife, y al Centro Nacional de Vulcanología (CNV), que el propio Pedro Sánchez ya anunció que estaría en Canarias, en espera en todo caso de que se decida su ubicación precisa en Tenerife o La Palma.

De manera extraoficial, se da por hecho que el organismo aeroespacial y la entidad de supervisión de la Inteligencia Artificial no pueden ir a un mismo territorio autonómico, de manera que las dos islas capitalinas canarias compiten de facto entre sí. Además, la confirmación de que el CNV se ubicará en algunas de las islas mencionadas también podría restar opciones a la candidatura grancanaria para la AEE.

Los ministerios implicados en este proceso, el de Política Territorial y Función Pública y el de Ciencia e Innovación, tienen previsto anunciar su decisión sobre la ubicación elegida antes de finales de este mes, y cuenta con ponerla en marcha en el primer trimestre de 2023. Será en todo caso una decisión que causará controversia porque todas y cada una de las candidaturas creen tener las mejores condiciones para albergar un organismo que además de su significación económica, con 500 millones de presupuesto de entrada y capacidad para generar más de 3.000 empleos, tendrá una alta dimensión mediática para colocar al municipio elegido en el mapa de la industria aeroespacial, y con incidencia en otras actividades económicas incluida la turística.

Pugna territorial

El Gobierno central ha tratado desde el principio de dar un carácter muy técnico al proceso de selección para evitar lecturas y controversias políticas más allá de la provocada desde el inicio con la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital del Estado por el hecho de que esta es una de las sedes de organismos de nueva creación que no se quería establecer en la capital del Estado, en el marco de su política de descentralización de los organismos públicos, algo que rechazan los mandatarios de esas administraciones, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, ambos del PP.

Sin embargo, la batalla política por hacerse con la designación es más territorial que de partidos dado que hay candidaturas defendidas por gobiernos de todos los colores políticos e incluso estrategias compartidas entre ayuntamientos y comunidades de distintos partidos. Así, se establecieron criterios para las candidaturas que aparentemente limitaban mucho las opciones, pero eso no ha impedido que, precisamente por esa limitación, algunos territorios hayan considerado injusto el procedimiento.

Ha sido el caso de Teruel, una de las ciudades que aspiraba a la sede y cuyas posibilidades son mínimas por no disponer de la mayoría de los requisitos exigidos precisamente por su marginación histórica en materia de transporte y conectividad.

La ubicación elegida se conocerá a finales de mes, para que se ponga en marcha a principios de 2023

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Esta ha sido la primera controversia política que está viviendo este proceso, y que se ha trasladado al campo judicial al anunciar el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Teruel y el partido Teruel Existe un recurso ante el propio Ministerio de Política Territorial o ante la Audiencia Nacional, contra los criterios sobre la sede. En el terreno político, el único diputado de esta formación, Tomás Guitarte, uno de los socios más fiables del Ejecutivo de Pedro Sánchez, se desmarcó hace dos semanas por este motivo, entre otros, de los presupuestos estatales.

La batalla promete ser dura entre las candidaturas. Cada una de ellas tiene distintas potencialidades y todo parece indicar que la de Sevilla sería la principal competidora de la que presenta el Cabildo de Gran Canaria. La opción grancanaria cuenta, además de cumplir la mayoría de los requisitos relacionados con la conectividad aeroportuaria, entorno empresarial e investigador dinámico, y entorno hotelero apropiado, con elementos a su favor como albergar ya organismos de relevancia como el Centro Espacial de Canarias gestionado por el INTA. También con otros relacionados con el sector, aunque en otras islas, como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), con sus observatorios localizados en La Palma y en Tenerife, o la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), y el proyecto Canarias Stratoport for Haps, en Fuerteventura, que impulsa la construcción de una infraestructura para el despegue y el aterrizaje de pseudosatélites de gran altitud y de drones.

Sevilla ‘versus’ Gran Canaria

La de Sevilla, por su lado, cuenta con «una serie de fortalezas y ventajas asociadas a su tradición industrial aeronáutica, pero también a la apuesta que se ha venido haciendo en las últimas décadas por el sector espacial», según el informe elaborado por el ayuntamiento sevillano. La Junta de Andalucía ha señalado su prioridad por esta candidatura, que tiene el aval de 200 entidades de la provincia, frente a la de Huelva.

La creación de la llamada ‘nasa española’ está prevista en la nueva Ley de la Ciencia y contemplada también en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Aeroespacial, una iniciativa con la que el Gobierno quiere movilizar unos 4.500 millones de euros entre 2021 y 2025 para impulsar la investigación y la innovación en el sector aeronáutico y espacial.

Las líneas concretas de esa estrategia que deberá canalizar la AEE son las del fomento, ejecución y desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito del espacio, la seguridad y la defensa nacionales, el uso de datos provistos por satélites, y el impacto tecnológico y económico de la industria asociada al diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas satelitales, la potenciación de la industria espacial nacional, así como la coordinación estatal e internacional de la política espacial española.  

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