Una familia espera tres años un centro para su hijo con discapacidad porque agrede a la madre

A ella la llamaremos Pilar. Tiene 52 años, moratones en el cuerpo y un pesar en el alma que hace que se emocione con facilidad. Su hijo la agrede desde hace tres años. Cumplió los 15 años y pasó una línea roja que su madre ha aprendido a verbalizar. En agosto cumplió los 18 años. A él, lo llamaremos David. Y su madre recalca, porque ahí esta la diferencia con otros menores que conforman estadísticas de violencia intrafamiliar, que su hijo tiene una discapacidad intelectual. “Mi caso es diferente por eso. Porque mi hijo tiene una discapacidad y necesita unos recursos adecuados, que no tiene. En casa la situación es insostenible. Por eso necesitamos un centro para él. Pero no hay plaza. Nos sentimos abandonados”. Y de nuevo, la emoción.

En el historial clínico del menor queda registrado que David asiste a un colegio de educación especial, tiene un retraso en el desarrollo detectado desde los 2 años, un grado de discapacidad reconocido del 55% y un grado 2 de dependencia. El informe se emite desde el centro de salud mental infantil que le corresponde al crío, que recomienda el ingreso en un piso tutelado.

Sin embargo, no hay ni piso tutelado, ni centro residencial ni recurso alguno para David. Cuando el niño pasó del insulto a la agresión, los padres acudieron a Servicios Sociales en busca de ayuda. Llegó la pandemia y la agresividad de David aumentó. Ante la ausencia de plaza residencial, desde Servicios Sociales les indicaron que, la única manera de que David pudiera salir del domicilio, era “renunciar” a él mediante la solicitud de la “guarda” del menor por parte de la Conselleria. Es decir, si la Generalitat Valenciana se convierte en el tutor del menor sí esta obligada a garantizarle un recurso residencial.

Pilar se fue a casa “abatida, desconcertada y avergonzada”. “Que renunciara a mi hijo. Eso me dijeron. Me pega porque tiene una discapacidad, porque necesita ayuda. ¿Cómo iba yo a renunciara a mi hijo?”, explica. Pero lo hizo. Ante una ira incontrolada que conlleva agresiones, Pilar y su marido solicitaron a la Generalitat que asumiera “la guarda del menor”. Reconocen que les costó mucho presentar la solicitud. Lo que no se esperaban es que la petición viniera denegada.

La Conselleria rechaza la "guarda" del menor

La familia alegó que solicitaban la “cesión de la guarda de su hijo” por “los insultos y agresiones que tiene hacia mí, que soy la madre. Todo los días. Porque por su discapacidad es incapaz de controlar su ira y no sabemos cómo controlarlo poniendo en riesgo nuestra vida”. La familia, sola por aquel entonces en el proceso, escribió esas alegaciones con su puño y letra en un pequeño espacio de la carta donde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas explicaba que desestimaba la solicitud de guarda y acogimiento residencial “por no darse las circunstancias previstas (…) ni quedar justificado que los progenitores no pueden atender a la persona menor de edad por circunstancias graves”.

En la misma resolución, la conselleria explica que para estimar la solicitud de guarda voluntaria “habrá de quedar acreditado que existen circunstancias graves que les impidan cuidar adecuadamente a la persona protegida y que estas sean transitorias” y recalca, además, que los recursos “para diversidad funcional deben ser tramitados a través de Dependencia, que por edad y características corresponden”. La resolución data de diciembre de 2021.

A principios de 2022, la familia contactó con la abogada especializada de Acción para la justicia Social, Sandra Casas, y tramitó un cambio en la ayuda de la Dependencia para pasar de una ayuda de cuidador en el entorno familiar a un recurso residencial. Solicitaron que se tramitaran por vía urgente porque la situación era (y es) “insostenible”. Un año después, la familia sigue esperando una residencia que no llega y, por el camino, se ha visto obligada a denunciar a su hijo en la policía ante nuevas agresiones. La jueza, sin embargo, les recomendó que se acogieran a su derecho a no declarar en contra de un hijo con discapacidad que lo que necesita es un recurso residencial y no judicial.