Inteligencia Artificial

Expertos en inteligencia artificial denuncian un pacto del Gobierno español con Emiratos Árabes

Organizaciones en defensa de los derechos digitales muestran su malestar con un acuerdo de colaboración científica con el país árabe por el que ya han dimitido tres miembros del Consejo Asesor de la IA

La Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, en el Mobile World Congress 2023.

La Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, en el Mobile World Congress 2023.

Carles Planas Bou

Malestar con el Gobierno español de los mayores expertos en inteligencia artificial (IA) del país. Este jueves, un grupo de organizaciones en defensa de los derechos digitales ha impulsado una carta abierta en la que denuncia el convenio de colaboración científica que el Ejecutivo selló la semana pasada con un centro de investigación de Emiratos Árabes Unidos (EAU). "Nos genera una enorme preocupación", expone la misiva.

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, anunció el pasado 21 de marzo que el instituto científico emiratí, ADIA Lab, había elegido Granada como su sede en Europa, en la que invertirá inicialmente cinco millones de euros.

El acuerdo ha enturbiado las relaciones del Gobierno con los principales expertos en IA del país. Y es que, en los días posteriores al anuncio de esa alianza, han dimitido al menos tres miembros del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, un órgano consultivo constituido en 2020 "para garantizar un uso seguro y ético de la IA".

Como adelantó El País, los tres miembros de ese grupo de "expertos españoles de reconocido prestigio internacional" que han dimitido en señal de protesta son Carles Sierra, Director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Lorena Jaume Palasí, experta en ética aplicada a la tecnología y fundadora de Algorithm Watch, y Ricardo Baeza-Yates, catedrático de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) y fundador del Grupo de Ciencias de la Web y Computación Social de la Universitat Pompeu Fabra.

Demandas de mayor transparencia

En esa carta abierta, las entidades demandantes exponen a la Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calvino, y a la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, su preocupación por el largo historial de represión de EAU, país que recorre a tecnologías de vigilancia como los sistemas de reconocimiento facial –que serán prohibidas en la Unión Europea– para controlar a sus ciudadanos. Es por eso que piden "una reunión con la sociedad civil" y que se publiquen las cuentas públicas para saber "cómo se van a destinar" los cinco millones de euros de inversión.

El convenio entre Madrid Abu Dabi establece que ADIA Lab lanzará cinco programas de investigación junto a universidades españolas en las que estudiará el análisis de datos aplicados a campos como la salud, el medio ambiente, la economía digital, la computación de alto rendimiento y el desarrollo de la IA.

Esa realidad también inquieta a los expertos, que piden una mayor transparencia de las autoridades para "establecer cómo se va a priorizar la ética y la protección de los derechos humanos de los proyectos que se realicen". "Una de las áreas de investigación de este nuevo centro va a ser la IA para la mitigación del cambio climático. Sin embargo, la economía de los EAU depende profundamente de los combustibles fósiles y no está claro si la inversión para esta colaboración procede de esta economía que hace estragos en nuestro futuro climático", reza el texto.

Esas organizaciones también muestran su preocupación por la colaboración en el proyecto de la Universidad de Granada, institución en la que se han denunciado casos de acoso sexual y mental, así como "falta de integridad ética y científica de algunos de sus máximos representantes públicos". Así, también exigen a la SEDIA y al personal investigador la firma de un documento público en el que declaren su "integridad ética y científica" y los "mecanismos previstos de evaluación de impacto de los derechos humanos de las investigaciones".

La carta ha sido impulsada por las organizaciones AlgoRaceAlgorightsLaFede.cat y DigitalFems, todas ellas referentes en la defensa de los derechos humanos dentro y fuera del entorno digital. Ahora se encuentra en fase de recogida de apoyos nacionales e internacionales y mañana viernes será enviada al Gobierno.