La Fiscalía General del Estado destaca la eficacia de los recursos valencianos de atención a las víctimas del delito, contra la violencia machista en la memoria de actividad de 2022, publicada el jueves. Y cita como ejemplos a seguir por el resto de fiscalías provinciales las Unidades de valoración forense integral (UVFI) creadas en la Comunitat Valenciana, que están comarcalizadas desde 2019. También destaca las Oficinas de atención a víctimas del delito (OAVD) centralizadas y multidisciplinares, como las que se han instalado en las tres provincias valencianas, auspiciadas por la anterior consellera de Justicia, Gabriela Bravo.
De hecho, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, realiza una nueva recomendación de esta tipología de oficinas como el ejemplo a seguir. «Nos vemos obligados a reiterar las propuestas a nivel administrativo: ventanillas únicas de recepción de denuncias y creando un sistema de asistencia coordinado, especializado y multidisciplinar --policial, trabajo social y psicológico-- para dar una respuesta unitaria y fiable frente a la violencia contra la mujer».
Postura de Vox
La recomendación coincidía con las declaraciones de la nueva consellera de Justicia de Vox, Elisa Núñez, en las que dejaba en el aire el futuro de estas oficinas de violencia de género ya que necesitaba conocer el presupuesto. Una tibieza corregida por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien aseguró que mantendrá y reforzará las oficinas de asistencia a las víctimas de violencia de género. Y señaló Mazón que las declaraciones de Núñez se «malinterpretaron».
La cuestión es que para la Fiscalía General del Estado «solo la Comunitat Valenciana está dotada de suficientes recursos materiales y personales» en las UVIF cuando «el tiempo medio de respuesta de las UVIF a nivel estatal, es de ocho meses». El Ministerio Público repasa en su informe «la desigualdad de recursos existente entre las distintas provincias, realidad que se cronifica». Por destacar las autonomías más pobladas, el informe señala que «en Madrid continúa sin establecerse una UVIF y los informes se emiten por los equipos psicosociales no especializados en la materia». Y en Andalucía, «pese a existir en todas las provincias resultan insuficientes, teniendo que acudir, en concreto, en Sevilla o Huelva a equipos no especializados para la elaboración de informes. En Galicia la valoración integral de las víctimas la realizan los Institutos de Medicina Legal».
Respecto a las oficinas de atención a las víctimas, la Fiscalía General del Estado destaca que «en la Comunitat Valenciana, en cada provincia, se ha puesto en funcionamiento la nueva oficina de denuncias de violencia de género con objeto de abordar de manera interdisciplinar la asistencia a las víctimas». Aunque en este caso concreto, «las oficinas también existen en País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias y en Canarias», según el fiscal general.
En Castellón
En 2022 se puso en servicio la de Castellón. «La Fiscalía de Castellón da cuenta de una novedad en relación a la Policía Autonómica adscrita a la Policía Nacional, consistente en que por resolución de 19 de diciembre de 2022 de la Conselleria de Justicia se ha constituido en la Ciudad de la Justicia de Castellón una Oficina de denuncias que concentra en dicha sede no solo la asistencia policial de recogida de aquellas, sino también la valoración forense, acceso a base de datos, y concretan las ayudas asistenciales evitando a la víctima tener que acudir previa cita a los distintos organismos que ofrecen los recursos de la Ley Orgánica 1/2004 en la misma sede y en el momento de la denuncia».
Una oficina que, como el resto, «ofrece sus servicios los 365 días del año de las 9.00 a las 21.00 horas». Y señala que está formada por «letrados/as de la Red de Oficinas a las Víctima del Delito junto a una red de psicólogos y trabajadores sociales, en número suficiente para atender el servicio y cuya finalidad es trabajar coordinadamente en la evaluación individualizada de la víctima con el fin de valorar las necesidades específicas de cada caso, proponer las medidas de protección oportunas, ofrecer la orientación e información conveniente y prestar el apoyo y la ayuda adecuada a través de planes de asistencia personalizados».
Más denuncias durante 2022 y más medidas de control
En el año 2022 se han interpuesto, según los datos facilitados por el CGPJ, 182.073 denuncias en los juzgados de violencia sobre la mujer (un 11,8% más que en 2021), siendo el cómputo total de víctimas 176.380 (un 10,69% más que el año anterior), el 65,66% españolas y 34,4% extranjeras. Solo el 1,83% fueron presentadas por algún familiar y el 3,96% por servicios asistenciales o terceros en general. Por autonomías las que más denuncias registraron fueron Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunitat.
Las autonomías que cuentan con un mayor porcentaje de concesión de medidas de protección solicitadas en los JVM son Aragón y La Rioja (84%), seguidas de la Comunitat (83%), Illes Balears (80%), Murcia (79%), Andalucía (76%) y Castilla la Mancha (75%).
En relación con los dispositivos telemáticos de detección de proximidad, a fecha del 31 de diciembre del pasado 2022 había un total de 3.056 dispositivos activos, un 14,26% más que en diciembre de 2021; ello supone un incremento del 16,64%.
También cabe señalar que según estos datos la comunidad autónoma que más dispositivos instaló fue Andalucía (125 para el control de penas y 160 para medidas cautelares), seguida de Madrid (67 y 149), Comunitat Valenciana (74 y 53).
