Respaldo judicial unánime en Murcia al tribunal de los 'empresarios de la vergüenza': "No podía fijar penas superiores"

A raíz de hacerse público y oficial que los seis empresarios condenados en firme por prostitución de menores en Murcia no pisarán una penitenciaría, pese a haber admitido ante el tribunal que pagaron por tener sexo con adolescentes, la indignación social ha salpicado al tribunal encargado del caso. Por eso, desde las cuatro asociaciones judiciales con representación en la Región han emitido un comunicado conjunto, a fin de tratar de explicar que "el tribunal no tenía posibilidad, con la legalidad vigente, de fijar penas superiores a las finalmente impuestas".

La sentencia de la 'manada de empresarios' sigue coleando. Ahora, desde la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente se pronuncian sobre la actuación de los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

Faltan medios

En el comunicado, las cuatro asociaciones explican que "los hechos enjuiciados en la sentencia, de extrema gravedad, ocurrieron hace más de diez años", a lo que añaden que "la demora en el enjuiciamiento, debida a la falta de medios, no resulta admisible".

"Es esa dilación extraordinaria la que conduce a la apreciación de una atenuante, porque así lo impone el Código Penal. Por ello, nos vemos obligados, una vez más, a reclamar una mayor inversión, a fin de dotar a la Administración de Justicia de medios adecuados para que las causas sean juzgadas en plazos razonables, aproximando la ratio de juez por habitante en España (situada en torno a 11’5 por cada 100.000 habitantes) a la media europea (17’7 por cada 100.000 habitantes)", destacan las cuatro asociaciones de juezas y jueces.

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Asimismo, precisan que "la extensión de las penas impuestas a las personas condenadas se debió al acuerdo alcanzado por la defensa de cada una de ellas con la fiscal que intervino en el asunto". "Existiendo dicho acuerdo, el tribunal no tenía posibilidad, con la legalidad vigente, de fijar penas superiores a las finalmente impuestas", aseveran.

"El acuerdo incluía el compromiso"

En cuanto al hecho de que ninguno de los empresarios vaya a pisar la cárcel, el comunicado detalla que "si bien la decisión sobre la suspensión compete al tribunal, en el presente caso, el acuerdo entre las defensas y el Ministerio Fiscal que provocó la conformidad, incluía el compromiso de este de informar favorablemente a la suspensión de la ejecución de las penas impuestas". Esto ya lo dijeron, en sala en la vistilla del lunes, los abogados defensores de los procesados.

"Tras el dictado de la sentencia, de las trece personas condenadas el tribunal ha decidido conceder la suspensión a nueve de ellas, por estimar que concurrían los requisitos legales para ello, y está pendiente la decisión respecto de otras cuatro. En relación con las nueve personas a las que se les ha otorgado ya la suspensión, el Ministerio Fiscal tan solo ha mostrado su oposición en el caso de dos", prosigue el comunicado de las asociaciones.

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Ataques inadmisibles

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente subrayan que "la crítica a las decisiones judiciales es legítima, y el debate resulta enriquecedor en una sociedad democrática".

"Pero esa crítica y ese debate no pueden amparar expresiones groseras, ni ataques desmesurados e inmerecidos contra quienes, día a día se afanan, con una manifiesta carencia de medios, en la defensa de los derechos de los ciudadanos y la protección de las víctimas. Más allá de la crítica a las resoluciones judiciales, no consideramos admisibles los ataques contra el tribunal, como institución, ni contra sus miembros, ni contra la ponente de la sentencia".

"El tribunal ha impuesto unas penas con base en un acuerdo entre el Ministerio Fiscal y las partes, que no podía alterar. Y ha aplicado el beneficio de la suspensión, con arreglo a la legalidad vigente, al que las personas condenadas han podido acceder, precisamente, por las penas rebajadas que han sido impuestas. Por lo demás, no puede dejar de destacarse el compromiso del tribunal, y de todos sus miembros, en la lucha contra los delitos contra la libertad sexual y contra la violencia de género", remarcan las asociaciones.

Cabe recordar que el Ministerio Público considera que algunos de los penados sí han de entrar a la cárcel, y por ello recurrirá, aunque con la ley en la mano se dan las condiciones para que estos sujetos, entre ellos el que fuese en tiempos presidente de la patronal COEC, Juan Castejón, no lleguen a entrar a prisión. 

"Ejemplo de dignidad"

Además, cinco de las víctimas de los 'empresarios de la vergüenza' que pagaron por tener sexo con ellas cuando eran menores pidieron expresamente a los jueces que estos hombres no entrasen en prisión. Así lo hizo público el pasado martes la magistrada Concha Roig al término de las vistillas que ha celebrado la Audiencia para determinar si los condenados entraban o no a la cárcel.

"Ejemplo de dignidad". Es lo que considera la jueza que mostraron las víctimas, ahora mujeres, las cuales rehicieron sus vidas. Cinco de ellas, consultadas por el tribunal, manifestaron que "quieren concederle a todos ustedes una segunda oportunidad, que recapaciten sobre lo que han hecho", subrayó Roig delante de Peque.