El Centro de Emergencias valenciano sí conocía la crecida del Poyo: alertó a los municipios de la cuenca por la mañana

Que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "desactivó la alerta hidrológica hasta en tres ocasiones" el 29 de octubre, que desde el Gobierno –la CHJ es un organismo estatal– "no avisaron" de la crecida del agua en esa rambla, que "era una cantidad de agua que no nos avisaron antes" o citar caudales muy inferiores a los reales es la reacción desesperada de quien, en este caso el presidente valenciano, Carlos Mazón, se siente acorralado. Los datos y documentos recopilados por Levante-EMV evidencian la falta de verdad.

A las 12.20 horas del 29 de octubre, seis horas y media antes de que la catástrofe sembrase de muerte y destrucción los municipios de l’Horta Sud, el Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) del que es responsable directo el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, envió a los municipios de la cuenca del barranco del Poyo un documento bajo el epígrafe "Alerta hidrológica en la Rambla del Poyo". Por delante, se lee: "AVISO ESPECIAL. FECHA: 29/10/2024. HORA: 12:20. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa".

De hecho, ese es el documento que lleva a reaccionar a algunos ayuntamientos.

Pero aún hay más. El documento, con el encabezamiento del CCE, continúa: "Se recibe de la Confederación Hidrográfica del Júcar aviso de aumento de caudal en la rambla del Poyo, con un registro de 264 m3/s en el aforo de Riba-Roja de Turia. Se activa la alerta hidrológica en los municipios ribereños de la rambla. La tendencia es ascendente y se mantienen las precipitaciones en la cabecera". Una alerta en toda regla de que algo iba mal.

Y un apunte clarificador: una piscina particular de tamaño medio, es decir, de ocho metros de largo y cuatro de ancho, tiene de media un volumen de unos 48 metros cúbicos, así que esos 264 m3/s que incluía el "aviso especial" implica que en el caudalímetro de Riba-roja, el mismo que fue arrasado por la riada a las 18.55 horas cuando captó el último registro, pasaban a las 12.20 horas 5,5 piscinas particulares cada segundo. Eso, en un cauce habitualmente seco, de manera que debería haber supuesto una señal de peligro para cualquier persona.

Otro dato más. Hay vídeos e imágenes del barranco a su paso por Chiva captadas a las 12.00 horas por vecinos del municipio que prueban que la rambla bajaba ya con un fortísimo caudal totamente embravecido.

El documento recibido por los ayuntamientos también incluye la sugerencia de que "los municipios deben mantener la observancia de la evolución y adoptar las medidas preventivas pertinentes para evitar el acceso a las riberas de las personas".

Así mismo, se puede leer que "desde la Confederación Hidrográfica y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se mantiene el seguimiento de la evolución del caudal para informar de cualquier riesgo que se pudiera producir. En caso de producirse incidencias importantes en su municipio, deberá informar al Centro de Coordinación de Emergencias por los canales habituales o a través del teléfono de emergencias 112 Comunitat Valenciana".

Dos detalles. La observancia de los barrancos está fuera de la competencia de la CHJ, que aportó esta información por el aforo de Riba-roja, aunque no podía saber qué caudal llevaban todos los afluentes del Poyo y el resto de las ramblas desbordadas ese martes, y las "incidencias importantes" no pudieron ser atendidas en el 112 porque la central no soportó el volumen de llamadas: a partir de las 19.30 horas solo se escuchaba la alocución de "el teléfono marcado no existe".

El documento incluía un "consejo a la población": "No acercarse a las riberas de los ríos y barrancos que puedan estar activos".

Ese día, Emergencias funcionó, salvo excepciones contadas, casi como una mera centralita de reenvío de correos. En realidad, de unos pocos correos.

Esa noche, con los pueblos de l'Horta Sud, donde más mortífera ha sido la riada, ya bajo las aguas, con cientos de personas luchando por su vida aferradas a rejas, árboles o farolas, con los vehículos policiales sumergidos bajo la riada como el resto, los responsables de Emergencias, la consellera Pradas y el secretario autonómico Argüeso, no fueron capaces de articular ningún tipo de ayuda directa.

Fueron policías locales de los municipios, guardias civiles, policías nacionales y agentes y bomberos fuera de servicio quienes, junto con decenas y decenas de vecinos, usando cuerdas, sus manos, sábanas y cualquier otro objeto improvisado, lograron salvar a muchos de los atrapados, salvándoles de una muerte segura. Al menos 216 personas no tuvieron esa suerte y perecieron arrastrados por las aguas.

Los jefes de policía se tuvieron que autogestionar durante una semana

La descoordinación que reinó en el área de Emilio Argüeso no se limitó al día 29 de octubre, sino que se prolongó durante muchos días. A la falta de listados actualizados de los alcaldes y jefes de Policía de los municipios de las distintas zonas cero, se añade que el secretario auotnómico optó por delegar en el jefe de la ciudad donde tiene su domicilio, Elche, César Zaragoza, a quien le une una gran amistad desde hace años, la gestión posterior a la DANA, a pesar del desconocimiento del terreno que pisaban tanto él como el cuadro de mandos con quienes desembarcó en el puesto de mando avanzado (PMA) de Paiporta a los dos días de la catástrofe.

Zaragoza es precisamente el jefe de Policía a quien situó dentro del órgano asesor que es la Comisión de Coordinación de Policías Locales, comisión que no ha convocado ni una sola vez en esta crisis sin precedentes. Al contrario, Argüeso, a través de la consellera, ha acabado creando una comisión paralela, pero diez días después del desastre, cuando los municipios de las zonas cero ya empezaban a ver algo de luz al final del camino y sus calles estaban repletas de policias, bomberos, militares de todos los ejércitos, grúas, tractores, excavadoras y una legión de voluntarios sacando los coches, el barro y ayudando a la población.

De hecho, la ayuda inicial, hasta que llegaron los recursos y refuerzos enviados por el Gobierno central, la han estado prestando los jefes de Policía Local de un sinfín de municipios valencianos no afectados por la DANA a petición directa de los jefes de los pueblos destrozados, desde Utiel a Chiva, pasando por Catarroja, Picanya, Paiporta o Aldaia.

Desde el inicio, esos jefes estuvieron enviando patrullas y otros recursos, desde camiones a tractores, pasando por grúas y brigadas de obras, a demanda de los pueblos arrasados. Una autogestión que tuvo que suplir la inoperancia de los responsables de Emergencias. Un ejemplo: cuando ya habían pasado cinco días, el equipo de Elche aportó un formulario para que los damnificados planteasen necesidades. Y a pesar de la tardanza, trataron de que nadie enviase recursos sin su supervisión alegando que "ya no hacen falta voluntarios". "Menos mal que hemos seguido enviado patrullas y recursos", resume una fuente municipal.