¿Quién debe pagar el caos climático? Las discrepancias en Bakú encallan un ambicioso acuerdo de financiación

Bakú se ha propuesto cerrar el acuerdo financiero más ambicioso de la historia para hacer frente al cambio climático. Los países del sur global, los más afectados por desastres naturales, reclaman movilizar al menos un trillón de dólares anuales (un billón en España, es decir, un millón de millones) para la causa. Sobre el papel, el resto de estados reconocen la necesidad de aumentar drásticamente la financiación pero, aún en la recta final de la cumbre del clima de Azerbaiyán, aún no se ha llegado a un consenso sobre quién debe hacerse cargo de la factura cada vez más elevada del caos climático. ¿Son los países que históricamente más han contaminado los únicos que deben hacerse cargo de esta factura? ¿También deberían sumarse los mayores emisores actuales? ¿Deberían aportar algo los sectores más contaminantes como la industria de los combustibles fósiles, la aviación y el transporte marítimo? ¿Y acaso no haría falta también la contribución de las grandes fortunas del globo?

La respuesta a todas estas cuestiones entraña un enorme, complejo y convulso debate en el que se entremezclan desde cuestiones geopolíticas, juegos de poder y, cómo no, enormes intereses económicos. 

¿Cuánto dinero se necesita?

Hasta ahora, los países del norte global a duras penas han logrado movilizar 100.000 millones de dólares al año para ayudar a sus homólogos del sur global a hacer frente a los desastres climáticos. El objetivo de Bakú es cerrar un acuerdo con una cifra exponencialmente más alta. Los estudios más exhaustivos realizados hasta la fecha sobre a cuánto asciende la factura del cambio climático en el sur global hablan de al menos un billón (con b; o sea, un millón de millones en España) de dólares al año hasta 2030. Los países en vías de desarrollo corroboran la cifra.

En los borradores publicados hasta la fecha de lo que serán los acuerdos de Bakú se habla de la necesidad de movilizar billones pero no se concreta ni una meta ni un mecanismo específico para lograrlo. Según trascendió el miércoles, Europa habría planteado cerrar un compromiso de entre 200.000 y 300.000 millonesal año para los países en vías de desarrollo. Preguntado por esta cifra, el máximo representante de las negociaciones por África afirmó que le parecía "una broma de mal gusto" y que, por supuesto, seguirían presionando hasta alcanzar una cifra mucho más elevada y llegar hasta como mínimo el billón de dólares. 

¿Qué discrepancias mantienen los países?

El consenso es unánime sobre la necesidad de movilizar más fondos para la acción climática pero, llegada la hora de la verdad, nadie está dando un paso adelante. La postura de los países históricamente más contaminantes está cada vez más fragmentada entre la amenaza de Donald Trump de sacar a Estados Unidos, el mayor emisor del globo, de todos los compromisos climáticos internacionales y la presión de Europa para seguir "aumentando la ambición" en los acuerdos.Tampoco está del todo clara la postura de los estados que ahora mismo concentran buena parte del capital económico, y de las emisiones, como el caso de China o Emiratos Árabes, que si bien reconocen la necesidad de aportar fondos a la causa tampoco se quiere encorsetar en compromisos demasiado estrictos. 

En términos de diplomacia climática, se habla de "ampliar la base de contribuyentes" más allá de lo que hasta ahora considerábamos países desarrollados, entre los que se engloban Estados Unidos, Canadá, Europa, Reino Unido, Australia y Japón. Entre los nombres que más suenan en la recta final de estas negociaciones de Bakú para canalizar más flujos financieros están el de China, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Rusia, Corea del Sur, Singapur, Qatar, e Israel. En todos los casos, la petición es que se movilicen más fondos para la acción climática (y no simplemente se cambie la 'etiqueta' de inversiones ya existentes). 

¿En qué medida contribuye la iniciativa privada?

Más allá del compromiso de cada uno de los países, y de lo que están dispuestos a movilizar de sus arcas públicas, también arrecia el debate sobre cómo canalizar más capital privado para la acción climática. Hace unos días, los bancos multilaterales de desarrollo prometieron invertir hasta 120.000 millones de dólares hasta 2030 para acciones climáticas en países de ingresos medios y bajos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) también han reforzado su compromiso con la causa. A la vez, están surgiendo varias iniciativas tanto del sector privado como de filántropos para acelerar la acción climática en el mundo. En este caso, el quid de la cuestión es que cuesta mucho arrancar un compromiso concreto a todos los actores involucrados en este aspecto. 

El debate sobre cómo incluir el capital privado también tiene un trasfondo técnico. Y eso engloba las discusiones sobre si, por ejemplo, se necesita estructurar los fondos climáticos con forma de cebolla (intercalando financiación pública y privada) o si lo mejor es crearlos en forma de aguacate (con un núcleo sólido de financiación pública y un envoltorio, creciente, de fondos privados). Países en vías de desarrollo como Pakistán abogan por que la mayoría de estos fondos se concedan en formas de subvenciones y rechazan categóricamente la entrega de préstamos que, a la larga, puedan aumentar su deuda y exponerlos a una situación aún más vulnerable.  

¿Debe haber un impuesto específico para "grandes contaminadores"?

En la mesa de negociaciones de Bakú también se ha puesto sobre la mesa, aunque aún no sobre el papel, la necesidad de buscar fuentes de financiación "alternativas" como, por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas o un gravamen específico para industrias altamente contaminantes como el sector de la aviación, el transporte marítimo o la extracción de combustibles fósiles. Según un análisis liderado por un grupo internacional de expertos en finanzas climáticas, un impuesto del 2% a las 3.000 personas más ricas del mundo lograría recaudar al menos 250.000 millones de dólares anuales. Casi un cuarto de lo que se necesitaría para ayudar a los países en vías de desarrollo a hacer frente a los estragos climáticos. Un impuesto a los aviones y barcos, por su parte, sumaría hasta entre 20.000 y 128.000 dólares anuales más a la causa.

¿Cuál es el coste de no invertir?

Las cifras sobre la mesa para hacer frente al cambio climático son ingentes pero, según destacan desde Naciones Unidas, no son nada comparado con la factura de los desastres climáticos. En los últimos 40 años, se han registrado más de 10.000 fenómenos meteorológicos extremos en el mundo que han acabado con la vida de dos millones de personas y han provocado pérdidas de casi 5 billones de dólares. Solo en Europa, en el último año los desastres climáticos han causado 150 muertos y pérdidas de 13.400 millones de euros.

En España, según el Barómetro de las Catástrofes de la Fundación Aon, los desastres naturales costaron la vida a 37 personas en 2023, seis de ellas en Andalucía, y dejaron pérdidas económicas por valor de 4.450 millones de euros. La primera causa de muerte en territorio español fueron las olas de calor (24 personas), seguida por inundaciones (9), temporales de viento (3) y por último los incendios (1): 32 fallecidos fueron hombres y 5, mujeres.

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