Una investigación denuncia que el sesgo de género en la medición de la pobreza impide acabar con ella

La investigadora Diana Pearce acuñó por primera vez el término de "feminización de la pobreza" en 1978 en su obra The feminization of poverty: Women, work, and welfare. Casi medio siglo después, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) lamenta que se sigan teniendo que realizar estudios "sobre un problema que, lejos de ser nuevo en sí mismo y en sus causas, y si bien sería de esperar que hubiera sido resuelto, se presenta de urgente actualidad hoy en día". "No solamente porque sigue existiendo y las mujeres aún están más expuestas a la pobreza y/o la exclusión social que los hombres, tanto a nivel nacional como internacional, sino porque, tal y como ha alertado Naciones Unidas, nos encontramos en un contexto de riesgo para el retroceso" en sus derechos, aseguran.

Su investigación Feminización de la pobreza. Estereotipos de género y atención sociosanitaria: por un análisis de la pobreza y la exclusión social en las mujeres, presentada este miércoles, aborda cómo los cuidados, la tipología de los hogares (como los monoparentales, cuyo riesgo se dispara del 20,2% de la población general al 45%), y la interseccionalidad son algunos de los factores que deben incluirse en la medición y el diagnóstico de la pobreza y la exclusión social entre las mujeres. Lo consideran imprescindible para acabar con esta problemática.

Porque, como señala la propia definición del concepto de feminización de la pobreza, "las causas de la pobreza en las mujeres tienen que ver con dos conjuntos de factores" bastante relacionados: los trabajos de cuidados y la posibilidad de acceder y disfrutar en igualdad de las oportunidades que ofrece el mercado laboral.

Lagunas en la perspectiva de género

Elaborado en el marco de la línea de investigación cualitativa Nuevas M.I.R.A.D.A.S, el informe señala que, pese a los importantes avances a lo largo del tiempo para medir de la manera más ajustada la multidimensionalidad de la pobreza, sigue pendiente una aplicación real de la perspectiva de género y de interseccionalidad más allá de la desagregación de datos por sexo en España.

Sobre todo cuando las tasas altas y constantes de exclusión social entre las mujeres "evidencian un problema estructural". Solo en 2023 había más de cinco millones de mujeres pobres en España, 300.000 más que de hombres, según el XIV Informe El Estado de la Pobreza en España elaborado por la Red.

La diferencia puede que no parece muy grande, pero tiene explicación. Si se atiende a la evolución en el tiempo de los datos de pobreza diferenciados por género, se ve que las disminuciones en la brecha de género "se deben más a que los hombres han empeorado su situación" y no "al hecho de que las mujeres hayan podido dejar de ser pobres". 

"Lo que ocurre es que en momentos de crecimiento económico, los hombres tienen más acceso a la tarta que las mujeres", ha señalado Clara Urbano Molina, autora de la investigación y técnica de Investigación de EAPN-ES, que prefiere hablar de distribución de la riqueza. La cantidad total del pastel, ha explicado, es limitada.

El paro y la temporalidad también sigue afectándoles más a ellas.

Recomendaciones

Con este trabajo, la EAPN-ES espera corregir la falta de un diagnóstico adecuado de la pobreza en sus vidas que parte del análisis de su medición a nivel oficial desde la perspectiva de género, especialmente a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

Para eso, el documento de la investigación incluye una batería de propuestas enfocadas a las causas de la pobreza, como premisa para su correcta medición. "Cuando hablamos de feminización de la pobreza existen dos fundamentales: las cargas y trabajos de cuidados (de los cuales aún se responsabiliza a las mujeres) y la discriminación en el disfrute de las oportunidades y privilegios que ofrece el mercado laboral en comparación con los hombres", señalan. Algo se cruza, sobre todo, en el caso de las mujeres migrantes.

También han planteado medidas específicas que incluyan, además de la transversalización de la perspectiva de género e interseccional en el diagnóstico de la pobreza, la medición del impacto de las políticas públicas ya en activo. Es la manera de confirmar si llegan de forma efectiva a quienes se encuentran en situación más vulnerable.