Cuando las casas de las personas con dependencia se convierten en su prisión

Las personas con discapacidad se enfrentan a una multitud de retos en su vida diaria, tanto relacionados con la naturaleza de su dolencia y como con la accesibilidad y libertad de movimiento en un mundo que no está adaptado para ellos. Según datos del INE de 2020, España cuenta con 4,38 millones de personas con algún tipo de discapacidad, algo menos de uno de cada diez habitantes. Adaptar los espacios públicos para que todos, independientemente de sus capacidades motrices, puedan usarlos es clave, pero también lo es la adecuación del hogar a las necesidades de esa persona, ya que es donde va a pasar la mayoría de su tiempo.

Sin embargo, los problemas se multiplican en este espacio. En muchas ocasiones son necesarias obras para poder instalar salvaescaleras, elevadores, camas articuladas u otros aparatos que permitan a la persona desplazarse en su casa, y no siempre es posible por diversos motivos, como el espacio o el vivir en un bloque de pisos con más inquilinos que no puedan o quieran hacer frente a una obra de tal calado.

Además, cada casa es un mundo, y no todas requieren las mismas reformas o simplemente llegar e instalar lo necesario, sino que obras más profundas son necesarias. Así lo explica Ángela Labandeira, coordinadora del Proyecto Promoción de Autonomía Personal de COGAMI (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad), quienes llevaron a cabo el Proyecto RUMBO, que adaptó las viviendas de 14 personas con discapacidad en Galicia entre 2022 y 2024: “En algunos casos fue llegar y hacer obra directamente, deshacer baños para hacerlos más accesibles y que la persona pudiese entrar, acceso a puertas que eran muy estrechas o abrían hacia el lado equivocado, automatizar portales y entradas, adecuar baños... en otros asesoramos a la persona en la compra de productos de apoyo, como sillas de ruedas para ducha, camas articuladas, etc.”.

En las casas de más de una planta, estas reformas son especialmente necesarias, ya que muchas veces el dormitorio está en el piso superior o inferior, y el baño en el contrario, haciendo el desplazamiento casi imposible sin ayuda: “Había casos en los que no tenían salvaescaleras y aseaban a la persona en el piso de arriba con toallitas, como podían, porque no podían bajarla. Cuando les instalamos el mecanismo para subir y bajar de planta, para esas personas fue como el sueño de su vida, poder volver a ducharse, aunque parezca absurdo”, remarca Labandeira.

Otro caso muy habitual y que ya vio muchas veces Rosaura (nombre ficticio), de 49 años y auxiliar del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en Cuntis, es el de familias que tuvieron que hacer un dormitorio “improvisado” en la planta baja de sus casas para poder tener allí a la persona dependiente y que no tuviese que subir y bajar escaleras: “Es la solución más habitual que ves, porque o no pueden permitirse salvaescaleras o ascensores o no es posible instalarlos por la distribución de la casa. Muchos deshacen comedores o salones para poder hacerle la habitación y así no tener que cargar con ellos escaleras arriba para lavarlos o que puedan salir al aire libre”, comenta.

Falta de recursos

El segundo de los problemas, y quizá el más grave, es el desembolso económico que supone la adquisición de los aparatos previamente mencionados, añadiendo el coste de la obra si fuese necesario, lo que hace que para la gran mayoría de personas se convierta en una imposibilidad afrontar el gasto: “Los salarios o pensiones de la gente no facilitan el poder acceder a estos servicios. Nosotros hicimos obras de adecuación en las que gastamos 13.000 euros, en otros 5.000, en otros 7.000... solo una cama articulada puede irse a 3.000 o más, sillas de ruedas para ducha, alrededor de 600, grúas de 1.000 o salvaescaleras de riel que ya se van a los 7.000, en este caso porque ya no es solo llegar y meterlo, hay que hacer obra”, dice Labandeira.

Los elevadores y ascensores son todavía más caros, según comenta Álvaro García Bustelo, coordinador del Área de Accesibilidad de COGAMI: “Un elevador, ya no hablamos de ascensor, que sube una planta sola cuesta 12.000 euros, para que nos demos cuenta del desembolso. Si se pone por el exterior, –en casos en los que no hay espacio dentro del domicilio– hay que hacer una estructura adicional que son 9.000 euros más, y todos los años tiene un mantenimiento que hay que pagar. Y si nos vamos a cuatro plantas, que no es tan extraño en una casa con dos pisos, desde el garaje hasta la buhardilla, hablamos de 50.000”.

Los gastos no se quedan ahí, ya que en muchas ocasiones los dependientes y sus cuidadores deben hacer frente a costes recurrentes derivados de su condición, como pueden ser productos de higiene y aseo, comunicadores en caso de personas que han perdido el habla o servicios de rehabilitación o de asistencia en el hogar, entre otros muchos.

Ayudas insuficientes

El elevado desembolso que supone casi cualquier actuación en el hogar hace que para muchos sea imposible efectuarlas sin algún tipo de ayuda monetaria desde las administraciones. Sin embargo, como afirma García Bustelo, tanto la cantidad como la forma de repartirlas son deficientes: “Las ayudas actualmente se dan a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y, aunque contemplan subvenciones de hasta el 80 % para personas con discapacidad, no priorizan a nadie, se dan por orden cronológica de solicitud, todos tienen la misma oportunidad independientemente de que tengan o no recursos”, explica.

“Para el año que viene conseguimos que la Xunta ponga la convocatoria en una fecha fija, porque antes se publicaba en el DOG (Diario Oficial de Galicia) y quien sabía cuando salía tenía una ventaja. Pero, aun así, para las personas sin recursos sigue siendo una lotería, porque no tienes ninguna garantía de que te la vayan a dar”, señala el coordinador. La cantidad de recursos destinados desde el Gobierno central no es mucha: “Estamos hablando de ocho millones de euros por convocatoria, que tampoco supone tanto. En la provincia de A Coruña se hicieron solo 32 proyectos de mejora con eses recursos”.

Las ayudas no tienen por qué ser sólo monetarias, sino también de otros tipos. Con una población cada vez más envejecida, el número de personas dependientes aumenta, y los servicios como el SAF o las residencias públicas se ven desbordados. Labandeira, a través del Proyecto de Promoción de Autonomía Personal de COGAMI, busca ayudar a la gente a mantener su independencia el mayor tiempo posible y no tener que depender de otras personas, mediante la rehabilitación y la adaptación a su situación.

Institucionalización forzosa

Al final, la situación de incapacidad de hacer frente a los gastos que supone adaptar un hogar hace que las personas con discapacidad o dependientes se vean entre la espada y la pared, y las soluciones sean de todo menos ideales: “Hay en domicilios en los que la persona queda, básicamente, encerrada en la planta superior de su casa o en su piso porque no se puede permitir un salvaescaleras, un ascensor o no tiene quién le ayude. Acaba siendo su ‘prisión’, ante la imposibilidad de subir y bajar escaleras”, asegura Rosaura, auxiliar del SAF.

Para García Bustelo, existen tres alternativas: “Una es la sobrecarga de tu entorno familiar, ya que se compensa la falta de autonomía con un apoyo de tus allegados. Otra es acudir a recursos públicos, como el SAF. Y la más crítica, de emergencia social, es que acabas en una residencia. Hay casos de gente mayor que fue al hospital, se operó de una cadera y ya no pudo volver a su casa, quedó ingresada en un centro”.

Labandeira lo denomina “institucionalización forzosa”: “Si esa persona que acaba de adquirir una discapacidad no tiene apoyos o recursos, sí o sí acabará en una residencia como destino no deseado. Las plazas de residencia son maravillosas en un momento en el que la persona lo desea, pero si no, acabas en una institucionalización forzosa, porque no te ponen los recursos que necesitas para poder mantenerte en tu hogar, que es donde necesitas estar”.

Es algo que también ocurre con la gente que vive de alquiler e intenta buscar una nueva vivienda adaptada a su nueva situación: “Los propietarios muchas veces no te permiten hacer obras de adaptación, o si en una inmobiliaria dices que eres una persona de movilidad reducida directamente ya no encuentras quien te alquile. Se te van cerrando todas las puertas y la realidad es que te obligan a ir a una residencia cuando no es tu deseo”, sentencia la coordinadora.

¿La solución? Ambos coordinadores de COGAMI apuestan por una mayor inversión en ayudas que puedan facilitar la autonomía de las personas con discapacidad: “Al final, para la administración es una inversión, porque estás facilitando que su entorno familiar pueda seguir trabajando y pagando impuestos, haces que las personas mejoren su estado de salud físico y mental, se ahorra en recursos médicos del Sergas y en residencias e ingresos futuros”, señala García Bustelo.

Un mejor reparto de los recursos también es clave, haciendo distinción entre rentas altas y bajas y por el grado de dependencia de la persona, destinando los recursos necesarios a cada uno, con una atención más individualizada y centrada en el usuario, y no partir todos de la misma base.