Declaran vulnerable a una inquilina que se gastó un millón de euros

Una mujer extranjera, residente en Calvià, consiguió que los servicios sociales de este municipio declararan su situación de vulnerabilidad, con el objetivo de que no la echaran de su piso de alquiler, a pesar de que en un corto periodo de tiempo se había gastado alrededor de un millón de euros. Este dinero, del que no hay rastro, procedía de la venta de varias propiedades.

Esta inquilina, de más de 70 años de edad, alquiló una vivienda en el municipio a un precio elevado. La renta acordada era de 1.300 euros al mes, una cantidad que afirmó que podía asumir. De hecho, durante los tres primeros años pagó el alquiler sin ningún problema. Pero a partir de ese momento se convirtió en una inquiokupa, es decir, una inquilina que deja de pagar el alquiler, pero que se niega a abandonar voluntariamente la casa en la que está viviendo. Antes de firmar el contrato de alquiler, como suele ser habitual, la dueña del piso confirmó la solvencia económica de la inquilina. Comprobó, a través de los saldos bancarios, que tenía dinero más que suficiente para pagar el alquiler. Al dejar de abonar las mensualidades la propietaria instó el desahucio de la inquilina y lo hizo a través de una demanda judicial, que no fue respondida por la inquilina. Sin embargo, cuando iba a producirse el lanzamiento la mujer extranjera presentó un certificado de vulnerabilidad. Es decir, la ley la protegía y podía continuar viviendo en este piso sin abonar la renta, debido a su delicada situación económica. Para conseguir esta protección la mujer extranjera alegó que sufría una enfermedad grave y que a nivel económico sus únicos ingresos eran de apenas 300 euros al mes.

Inquiokupa

Esta decisión judicial fue recurrida ante la Audiencia, que de alguna manera ha impuesto el sentido común a este caso y ha acordado que la inquilina tiene que abandonar la casa por falta de pago. La propietaria del piso se opuso a la declaración de vulnerabilidad de la inquiokupa porque se sabía que había vendido varias propiedades en el extranjero y había obtenido ingresos millonarios. Y lo más grave, en un periodo de apenas cuatro años se había gastado alrededor de un millón de euros. Cuando se quedó sin dinero pretendió quedarse a vivir en el piso sin pagar el alquiler. La propietaria, no solo dejó de cobrar la renta mensual, sino que tenía que asumir los gastos comunitarios que generaba su vivienda. Es decir, todo eran gastos a favor de la inquilina cuando además ella no tenía ningún empleo y no recibía otros ingresos.

El tribunal de la Audiencia señala que raíz de la pandemia se aprobó un decreto por el que se adoptaron medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Esta ley se extendió a todos los inquilinos que, como consecuencia de los problemas económicos que había producido la pandemia, no podían pagar la renta y la ley impedía que el propietario les pudiera echar. Un requisito obligatorio era obtener la declaración de vulnerabilidad del inquilino, un trámite que en este caso sí había obtenido esta mujer extranjera a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de Calvià.

El decreto ley, sin embargo, autorizaba a los jueces valorar cada caso concreto. Así, el tribunal ha analizado la situación de esta mujer extranjera. No se pone en duda que esté enferma de gravedad, pero lo que se cuestiona si es cierta, o no, la situación económica que ella alega. El juez ha comprobado que obtuvo importantes ingresos económicos por la venta de propiedades, aunque el dinero no aparezca en sus cuentas bancarias. En la sentencia se insinúa que esta mujer puede tener otras cuentas en el extranjero.