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Confirmado por la Seguridad Social: Hasta 733 euros al mes para mayores de 30 años que viven con sus padres

La reforma del Ingreso Mínimo Vital ayudará a adultos que convivan en el hogar familiar, mientras se impulsa una prestación universal por crianza

Pagos indebidos del IMV: "Se equivoca la Seguridad Social y encima me embargan la cuenta"

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Daniel Tortajada

El Gobierno anuncia una batería de medidas sociales con el objetivo de reforzar el estado de bienestar. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la reforma del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la futura implantación de una prestación universal por crianza. La reforma del IMV permitirá por primera vez que personas mayores de 30 años que viven con sus padres puedan solicitar esta ayuda de forma individual. Hasta ahora, la normativa consideraba la convivencia familiar como parte de la unidad económica, lo que excluía a miles de adultos sin ingresos.

Con el nuevo criterio, la concesión del IMV se basará en la situación económica real del solicitante, independientemente de que comparta domicilio con sus padres. La cuantía máxima prevista para un beneficiario individual se sitúa en torno a los 733 euros mensuales, tras la revalorización estimada para 2026, aunque el importe final podrá variar en función de los ingresos previos y de la compatibilidad con otras ayudas sociales.

Paralelamente, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan estratégico con cien metas para reforzar el estado de bienestar, entre las que figura la creación de una prestación universal por crianza. Esta ayuda pretende llegar al 100% de las familias con hijos menores a cargo y erradicar la pobreza infantil más severa antes de 2030.

Aunque todavía no se ha concretado la cuantía de esta prestación, podría situarse en torno a los 200 euros por hijo. La propuesta defiende su carácter universal, independientemente del nivel de renta, financiándose a través de un modelo fiscal progresivo que permita que las rentas más altas contribuyan al sostenimiento del sistema.

El plan estratégico aprobado incluye además otros objetivos sociales y económicos, como triplicar la inversión pública en vivienda hasta alcanzar el 5% de alquiler social, reducir la brecha salarial de género, disminuir las emisiones contaminantes y rebajar el abandono escolar temprano.

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