Se acabaron las llamadas spam para los castellonenses: Pedro Sánchez hace oficial un real decreto para prohibir la publicidad no deseada

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica que prohíbe de forma general las llamadas comerciales no solicitadas por parte de las compañías eléctricas. A partir de ahora, solo podrán contactar telefónicamente con los consumidores si estos han manifestado de forma expresa su voluntad de recibir esas comunicaciones o si es el propio usuario quien inicia el contacto.

El incumplimiento de esta prohibición podrá acarrear multas de entre 600.001 euros y seis millones de euros, en aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley del Sector Eléctrico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será el organismo encargado de tramitar y resolver estas sanciones.

El decreto también pone fin a la llamada contratación “en caliente”. Antes de cerrar cualquier nuevo contrato o modificar condiciones, la comercializadora deberá remitir al cliente el contrato junto con un documento independiente, redactado en un lenguaje claro y accesible, que resuma el impacto en la factura y permita comparar las condiciones anteriores y las nuevas. Además, las llamadas deberán ser grabadas y quedar a disposición del consumidor.

En materia de cambios de contrato, los hogares y pymes con menos de 15 kW de potencia contratada podrán rescindir sus contratos en cualquier momento sin penalización, salvo antes de la primera prórroga anual en contratos a precio fijo del mercado libre, donde la penalización máxima será del 5% de la energía pendiente de facturar. Si el cambio lo realiza un consumidor vulnerable para acogerse al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), no podrá aplicarse ninguna penalización.

El reglamento reduce además a un máximo de diez días el plazo para cambiar de suministrador y facilita la subrogación del PVPC en viviendas de alquiler con la simple solicitud de cambio de titular. Esta posibilidad se extiende a mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual que residan en la vivienda sin ser titulares del contrato.