La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro en Castellón: qué hacer si el perro de tu vecino no deja de ladrar

Los conflictos por ruidos siguen siendo una de las principales fuentes de tensión en las comunidades de vecinos de Castellón. Entre ellos, los ladridos continuos de un perro ocupan un lugar destacado cuando afectan al descanso o alteran la convivencia diaria. Pero ¿qué dice realmente la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) en estos casos?

La normativa es clara en un punto esencial: no se puede prohibir de forma genérica que un vecino tenga perro o gato en su vivienda. La mera tenencia de una mascota no constituye una actividad ilícita ni puede vetarse por simple mayoría. Sin embargo, eso no significa que todo esté permitido.

El artículo 7.2 de la LPH establece que ni el propietario ni el ocupante de un piso pueden desarrollar actividades prohibidas en los estatutos o que resulten molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. Aquí es donde entran los ladridos reiterados que superan lo razonable en un entorno residencial.

Cuándo puede actuar la comunidad

La clave no está en la presencia del animal, sino en la existencia de una molestia objetiva y acreditable. Para que la comunidad pueda intervenir deben darse situaciones como:

• Ladridos continuos y frecuentes, especialmente en horario nocturno.
• Superación de los límites de ruido fijados por ordenanzas municipales.
• Falta de medidas por parte del propietario para evitar las molestias.

No bastan simples quejas subjetivas. Los tribunales valoran la frecuencia e intensidad del ruido, la existencia de denuncias previas o incluso informes acústicos.

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Además, la Ley de Bienestar Animal impone obligaciones claras al dueño: no dejar al perro solo más de 24 horas seguidas, no mantenerlo de forma permanente en balcones o terrazas y garantizar que no genere molestias que superen los límites legales.

Qué pasos seguir si los ladridos no cesan

Antes de llegar a los tribunales, el primer paso suele ser el diálogo. Comunicar la situación al propietario del animal puede resolver el problema sin mayores consecuencias.

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Si la situación persiste, el presidente de la comunidad, previa autorización de la junta, puede requerir formalmente el cese de la actividad molesta. Si no hay respuesta, se puede iniciar la llamada acción de cesación, que podría terminar en un procedimiento judicial ordinario.

Eso sí, la comunidad no puede acordar sin más una prohibición general de perros o gatos. Incluso si se aprobara una limitación de este tipo con mayoría cualificada, el propietario que vote en contra podría impugnarla judicialmente por vulnerar el derecho de propiedad y el principio de proporcionalidad