Un empresario al que le piden ocho años de cárcel: "No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría"

Un empresario de Mallorca acusado de defraudar más de 200.000 euros con las cuotas de la Seguridad Social entre 2014 y 2018 y de presentar dos certificados falsos de estar al corriente de los pagos para lograr que le contrataran negó ayer los hechos y culpó de ello a las gestorías y al personal de su oficina durante el juicio en la Audiencia de Palma: “Yo no sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”.

El hombre, de 59 años, insistió en que él no tocaba papeles ni dinero. “No sé cómo funciona este tema. Yo no me encargaba de los papeles, lo llevaba la gestoría, yo firmaba todo lo que se me presentaba. No hacía nada de papeles, no me encargaba ni de bancos ni de dinero. Yo visitaba las obras, hacía trabajo de campo, me ocupaba del personal, de que no faltara material y de que tuvieran trabajo”, subrayó.

La fiscal solicitó para él una condena de ocho años de prisión y casi un millón de euros por un delito contra la seguridad social y otros dos de falsedad documental. El ministerio público modificó ayer sus conclusiones y aumentó su petición de multa de más de 630.000 euros y una indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de 315.140 euros. El organismo público, que ejerció la acusación particular, también reclamó una sentencia condenatoria para el empresario.

Por su parte, el abogado defensor pidió la libre absolución de su representado y, subsidiariamente, que el tribunal aprecie la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y que se le imponga un año y medio de cárcel.

El encausado declaró al final de la vista oral. “No podía trabajar para la competencia con la misma empresa, por eso creaba distintas sociedades. Cada empresa que me contrataba me pedía exclusividad”, alegó ante la Sección Primera.

La fiscalía le reclama las deudas que generaron a la Seguridad Social cuatro de sus mercantiles, todas ellas domiciliadas en Inca de las que él era el administrador único y con el mismo objeto social: la construcción y el mantenimiento de sucursales bancarias, supermercados y otros negocios. Todas entraron en concurso de acreedores, según el sospechoso.

“Puede ser que tuviera 41 trabajadores en una sociedad o 50 en otra, según las necesidades del trabajo tenía más o menos empleados y pasaban de una empresa a otra. Yo no tenía conocimiento de las deudas, desconocía si se abonaban las cuotas, no me encargaba de nada de papeles”, reiteró el empresario, que ahora vive de una prestación de 450 euros mensuales.

“Tuve conocimiento cuando me llegó el requerimiento de pago de la Seguridad Social. Hasta entonces no sabía nada. Todo lo llevaba la gestoría”, reconoció.

Pagos en metálico

“Mi prioridad absoluta era que los trabajadores cobraran y, si podía ser, en efectivo. Todos pedían cobrar en efectivo”, señaló el acusado ante la Sala. Respecto a los certificados de estar al corriente de pago presuntamente falsificados, el hombre descargó también la responsabilidad en la gestoría. “Este tipo de papeles me los daba la gestoría. Se pedía el certificado y ellos lo mandaban. No quiero acusar a nadie. Me imagino que quien lo solicitó fue quien lo manipuló”, aseguró. “Si no los pedía la gestoría, los pedía mi oficina en mi nombre, una empleada que ahora es mi esposa”, añadió.

“Mi prioridad era buscar trabajo y que no le faltara trabajo a mi gente. No tuve ninguna intención de eludir pagos a la Seguridad Social. Yo no sé utilizar el correo electrónico”, se defendió. Uno de sus empleados recordó que en 2016 dejó de trabajar porque no cobraba: “Me debía casi 8.000 euros”. Dos empresarios que subcontrataron al encausado indicaron que pensaban que estaba al corriente de pago: “Si hubiéramos sabido que tenía deudas no lo hubiéramos subcontratado. El documento que se nos facilitó no era auténtico”. Sus empresas acabaron multadas.

Un perito confirmó que la huella electrónica era incorrecta y que el certificado había sido modificado. Otro experto que investigó las mercantiles del acusado concluyó que existía un grupo societario.

Suscríbete para seguir leyendo