Tras los hechos ocurridos el 21 de mayo del 2000, los funcionarios de prisiones comenzaron de forma inmediata las pesquisas para averiguar al autor de la agresión y lograron saber por boca de algunos internos, unos sin querer que su nombre figurase y otros abiertamente, que había sido el acusado. La sentencia recoge que es cierto que uno de estos últimos negó en todo momento haber referido tal nombre pero su testimonio, después de reconocer que no tiene ningún problema especial con esos funcionarios, sólo se entiende desde la perspectiva de los códigos imperantes en las cárceles para con los que hablan.
