El juicio contra los cuatro ciudadanos rumanos que se enfrentan a penas que en total suman 126 años de prisión, acusados de los delitos de detención ilegal, prostitución y agresión sexual a una compatriota, y que se suspendió el pasado 6 de abril, se reanudó ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial con la declaración de la testigo protegida desplazada desde Rumanía.

La mujer, que declaró tras un biombo y con ayuda de intérprete, manifestó que en el 2003 vino en un microbús a Castellón, donde unas personas en su país le dijeron que iba a recoger fresas y cuando llegó aquí, los acusados (un matrimonio, el hijo de ambos y el cuñado, que niegan los hechos) le retiraron el pasaporte, le dijeron que tenía que pagarles 4.000 euros, la trasladaron a un piso en Benic ssim y le obligaron a trabajar en un club.

Dijo que la obligaron a prostituirse y que al negarse y ganar poco le pegaron palizas, una de ellas con un cable y la amenazaron con un sable. También relató que dos de los acusados, padre e hijo, la violaron tres veces y que la acusada lo sabía en dos de ellas. Finalmente, se escapó del club y fue detenida meses después en una redada en otro local en Salamanca.