El juzgado también le impone al acusado el pago de 2.000 euros, una cantidad que abonará a los afectados en concepto de indemnización por los daños morales derivados de los hechos acaecidos en abril del 2001. Asimismo K. B queda inhabilitado para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, y deberá abonar las costas procesales.
