El juicio contra Jaime Giménez Arbe, el Solitario, por los asesinatos de dos guardias civiles en la localidad navarra de Castejón de Ebro, fue suspendido al no comparecer su abogado por tener otros compromisos laborales relacionados con "causas preferentes". El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra decidió además que el juzgado de guardia estudie si la conducta de su letrado, Marcos García Montes, "pudiera ser constitutiva de un delito de obstrucción a la justicia y de deslealtad profesional".

Giménez Arbe tiene también abierta una causa en el juzgado de Nules por el atraco a una sucursal bancaria en la Vall d´Uixó.

La vista oral en Pamplona, cuya nueva fecha se señalará "lo más rápido posible", estaba previsto que se iniciara ayer con la declaración de Giménez Arbe, para quien, en sus conclusiones provisionales, el ministerio público pide un total de 52 años y seis meses de cárcel, 40 de ellos por los asesinatos el 9 de junio del 2004 de los guardias civiles Juan Antonio Palmero Benítez y José Antonio Vidal Fernández.

Asimismo, el fiscal solicita para el atracador ocho años de cárcel por un delito de tenencia de "armas de guerra", y cuatro años y seis meses por un delito de atentado, además de una indemnización de 200.000 euros para cada uno de los padres de los agentes asesinados.

La suspensión fue decidida en audiencia pública, con el Solitario en el banquillo de los acusados, ya que había llegado al Palacio de Justicia hora y media antes procedente de la cárcel de Pamplona tras pernoctar en este lugar después de haber sido trasladado el domingo desde el centro penitenciario de Dueñas (Palencia), en el que se encontraba.

Poco antes había llegado al tribunal un escrito de su abogado defensor en el que García Montes solicitaba la suspensión, ya que tenía una declaración indagatoria en Las Palmas de Gran Canaria y que entendía que era "un señalamiento preferente", además de proponer que la vista celebre en Pamplona el 7 de julio, festividad de San Fermín. Al respecto, el fiscal dudó de la preferencia e indicó que la cita de la capital navarra es una vista oral con el acusado y la de Canarias, una declaración indagatoria.

Por ello, y tras señalar que el defensor era además conocedor de que Giménez Arbe se encuentra en España en situación de entrega provisional por parte de las autoridades portuguesas por un plazo de hasta el 31 de julio, el fiscal pidió que el juzgado determine si hay un posible delito de obstrucción de la justicia.