La Audiencia Provincial de Castellón, tras las deliberaciones del pasado jueves por parte del tribunal de la Sección Segunda, ha desestimado el recurso de reforma y subsidiario de apelación que fue presentado el 5 de marzo por el fiscal y la Asociación de familiares de víctimas de la Todolella, junto con otros familiares, contra el auto de sobreseimiento provisional del Juzgado número 3 de Vinaròs, cuyo fin era esclarecer los motivos de la muerte de 18 personas en el albergue de la Todolella tras inhalar monóxido de carbono en una fiesta el 5 de febrero del 2005.

En el auto, que se hizo público ayer, el tribunal considera que "tras las diligencias de investigación no se desprende la existencia de indicios de criminalidad de los que se derive la responsabilidad penal que pretenden las acusaciones contra el alcalde y los explotadores del albergue".

Asimismo, el tribunal expone que el albergue, de titularidad municipal, sí contaba con la licencia de apertura --por lo que reunía los requisitos legales-- e inspecciones oportunas, así como también asegura que en la fecha de los hechos tenía contratado "un seguro de responsabilidad civil". La Audiencia cree que en el momento en que se produjo la tragedia "no era necesaria la existencia de calefacción".

Respecto a la posición de garante del primer edil --a quien las familias acusan de no haber evitado la tragedia-- añade el auto que "no cabe apreciar que el alcalde tuviera obligación legal de actuar, ni mucho menos que creara una ocasión de riesgo" y considera que los arrendadores "no puede decirse que ocuparan la posición de garantes, ni tenían obligación contractual ni legal de actuar, ni crean riesgo".

La resolución señala que quienes llevaron las estufas de granja --los participantes en la fiesta-- "no vieron peligro y su instalación era un hecho desconocido por los explotadores", por lo que "no hay motivo para que las prohibieran, ni puede predicarse una situación antijurídica".

POR LA VÍA CIVIL Los abogados que representan a la Asociación de víctimas de la Todolella, el gabinete Gay-Vendrell, aseguraron a Mediterráneo que continuarán por la vía civil, con las reclamaciones al Ayuntamiento y ante la Generalitat "por no tener el albergue en condiciones". Javier Menero, padre de una de las víctimas, aseguró ayer a este rotativo que "hemos sido hasta ahora prudentes, pero esto es una injusticia; la justicia de la Comunitat Valenciana hace sus apaños y no podemos ir al Supremo, donde no exista amiguismo. Esto se veía venir, querían cerrar el caso y lo han conseguido". Asimismo, José Luis Higueras y Carmen Merchante, padres de otras dos víctimas, recalcaron que estaban "muy mal" y "desilusionados por esta decisión".