El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado en Guipúzcoa una red organizada que se presuntamente se dedicaba a traer a España a inmigrantes colombianos a quienes ofrecían falsas ofertas de empleo y que, tras pagar grandes sumas de dinero, se veían después en una situación de total desamparo.

Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno en el País Vasco, en esta operación, en la que se han visto perjudicados más de un centenar de ciudadanos colombianos, han sido detenidas nueve personas, tanto de ese país sudamericano como españoles, a quienes se les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La investigación desarrollada por la Brigada de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía en San Sebastián comenzó el pasado mes de julio, cuando se tuvo conocimiento de que había colombianos en Guipúzcoa que favorecían la inmigración ilegal de compatriotas suyos.

Según la Policía, éstos pagaban grandes sumas de dinero, entre 7.000 y 9.000 euros, lo que les obligaba a hipotecar sus casas y pertenencias en Colombia, para lograr falsas ofertas de empleo y permisos de residencia y trabajo, aunque las víctimas no llegaban a cobrar nómina alguna y al cabo de un mes se quedaban en España en una situación de total desamparo.

Tras lograr la declaración de algunos de ellos, que son ahora testigos protegidos, la Policía pudo determinar al cabo de cuatro meses de investigación que un matrimonio colombiano formado por José Arnobio R.O. y su esposa, Mirta Edit G.N., domiciliados en la localidad guipuzcoana de Pasai Antxo, eran los presuntos cabecillas de la red.

Ambos han sido detenidos y puestos a disposición judicial, al igual que los ciudadanos colombianos María Constanza G.N., responsable de la organización en Colombia y que pudo ser arrestada al acudir a España de viaje turístico, así como Viviana T.L. y Oscar Eduardo G.N., éste último antiguo policía en Colombia y que fue expulsado del cuerpo, quienes supuestamente ofrecían préstamos a los inmigrantes para costear los viajes y los distintos permisos.

Además de estas cinco personas, otras cuatro han sido arrestadas pero han quedado en libertad a la espera de ser citadas por la autoridad. Se trata de los españoles Carlos M.L., Blas C.P., María del Carmen I.A. y María Isabel de P.I., acusados de ofertar, en connivencia con el matrimonio colombiano, falsos empleos a las víctimas para conseguir sus permisos de residencia y trabajo a cambio de dinero, además de obligar a los inmigrantes a pagarse ellos mismos los gastos de la Seguridad Social.

La Policía ha destacado la situación de indefensión en que se encontraban los extranjeros explotados, que se veían obligados a buscar un trabajo, casi siempre como empleados de hogar y en muchas ocasiones en la prostitución, debido a su falta de recursos, el miedo a las amenazas, la falta de domicilio y su dependencia de la red.

Por las declaraciones de las víctimas se ha sabido que el matrimonio al que se considera responsable de esta organización posee más de diez viviendas en Colombia.

Esta red establecía diferentes grados de responsabilidad que incluían desde la captación en origen de los inmigrantes, hasta su introducción en España, su recogida y transporte a Guipúzcoa, donde se hacía cargo el responsable de la organización y ficticio empleador, además de la propia explotación laboral para obtener un beneficio estable y permanente.