Continúa abierta la operación Sarpe que ha destapado un complejo entramado de fraude al paro en Castellón por parte de extranjeros. Después de que 10 de los 53 detenidos hayan declarado en el juzgado, el juez, según fuentes fidedignas, ha ordenado la localización del resto de implicados que se encuentran en estos momentos residiendo en Rumanía. Una labor para la que la Guardia Civil podría solicitar la colaboración de la Interpol.
El viernes ingresó en prisión el cabecilla de la trama, Gabriel V.B., creador de las cuatro empresas fantasma investigadas, mientras que sus tres colaboradores --amigos y familiares-- quedaron en libertad con cargos. El resto de arrestados también están ya en la calle al tiempo que los demás serán llamados a declarar de forma escalonada al tener domicilio conocido y no existir riesgo de fuga, tal y como detallaron fuentes judiciales a Mediterráneo.
Los presuntos estafadores habrían conseguido, solo en el 2011, hasta 600.000 euros de beneficio con la firma de contratos ficticios y altas en la Seguridad Social que les habrían permitido, supuestamente, cobrar el paro durante años. Una de las firmas fantasma, Atlántico Prestaciones, dedicada hipotéticamente a servicios de limpieza en obras nuevas, habría conseguido desde el 2009 un montante de 140.000 euros, con la contratación fraudulenta de 144 falsos empleados, que pudieron haber llegado a pagar por los papeles hasta 3.000 euros, detallaron las mismas fuentes.
La Inspección de Trabajo, que detectó el fraude en abril del 2011, ha estado más de un año siguiendo los pasos de estas empresas fantasma, hasta que los inspectores descubrieron que las firmas no tenían actividad alguna y que sus empleados no llegaron nunca a cotizar ni un solo mes a la Seguridad Social.
GESTORÍA // Tal y como confirmaron las mismas fuentes a este periódico, el cabecilla de la red de fraude al paro en Castellón contrató los servicios de una gestoría de la capital de la Plana para tramitar las altas y las bajas de sus falsos trabajadores. Tras meses realizando esta actividad, sin levantar sospechas, finalmente el Ministerio de Empleo alertó a la Inspección en Castellón para averiguar si estas empresas realmente eran reales. Cuando el cabecilla se percató de que le estaban investigando, dio de baja Atlántico Prestaciones y continuó con la creación de una nueva firma fraudulenta con supuesta actividad en Valencia, Cuenca, Tarragona e incluso Lleida. H
