La abolición de la doctrina Parot sacó ayer de la cárcel Miguel Ricart, coautor de la muerte y violación de Miriam, Toñi y Desirée, las tres niñas de Alcàsser. Uno de los asesinos que mayor rechazo social han levantado por la naturaleza de su crimen ha salido en libertad tras cumplir 21 de los de 170 años a los que fue condenado, diez antes de la fecha prevista si se hubiera seguido aplicando la citada interpretación de ley. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que se han tomado medidas “legales” de vigilancia para que nadie pueda “temer por su seguridad”.

Con un gorro calado hasta más acá de las cejas y una braga que le tapaba hasta la nariz, Ricart consiguió abandonar la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) sin que las cámaras pudieran captar ni un detalle de su rostro. Salió a las 17.40 horas de la tarde. Fuera no le esperaba nadie: se marchó solo en un taxi cargado con un petate y una mochila con destino desconocido. Durante seis meses percibirá una pensión de exrecluso de 436 euros que podría alargarse hasta 12 meses más si no encuentra trabajo.

La Audiencia de Valencia había dictado unas horas antes la excarcelación casi por unanimidad al rechazar los recursos presentados por la Abogacía del Estado, la acusación popular de la Asociación Clara Campoamor y dos acusaciones particulares de padres de dos de las víctimas.

INDEMNIZACIÓN // Ricart tendría que haber salido de prisión en el 2011, pero un año antes se decidió aplicarle la doctrina Parot. El pasado mes, tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Audiencia de Valencia abrió el proceso para deliberar sobre la excarcelación. La fiscalía se opuso desde el primer momento, pero los jueces, como en el resto de los presos afectados, han interpretado que la sentencia era extensible al caso de Ricart.

Su permanencia en prisión dos años más de la cuenta da derecho a Ricart a reclamar al Estado una indemnización. Él fue el único condenado por el triple asesinato de las niñas de 14 y 15 años que desaparecieron en noviembre de 1992 y cuyos cuerpos fueron localizados el 27 de enero de 1993. El otro supuesto autor de este suceso, Antonio Anglés, huyó y figura en paradero desconocido.

Ahora, el Gobierno por boca de el ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, ha prometido vigilancia después de asegurar que es consciente de “la alarma social y el rechazo que estas situaciones están comportando”. H