Condenado a tres años y cuatro meses de prisión. Salvador Llombart, el exempleado de Caixa Rural Sant Vicent de la Vall d’Uixó que realizó un desfalco de tres millones de euros a la entidad, irá a la cárcel como autor de un delito continuado de apropiación indebida agravado y en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Así lo impone el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, a cuya sentencia ha tenido acceso Mediterráneo.
Los magistrados absuelven a la mujer y al hermano de Salvador Llombart, que también estaban acusados en la causa, al no poderse demostrar que ambos estuvieran puestos inicialmente de acuerdo con el condenado.
La sentencia impone al que fuera apoderado de la entidad bancaria en el área de cartera comercial una multa de 2.000 euros, así como la devolución de los tres millones y 273.000 euros de los que se apoderó entre los años 1998 y 2005, además de otros 30.000 euros por los daños morales que causó a la caja de la Vall d’Uixó.
PROPIEDADES // La Audiencia Provincial ordena el comiso de las fincas y bienes de Salvador Llombart, que se venderán para cubrir las elevadas responsabilidades civiles. La sentencia declara probado que durante siete años el extrabajador de banca --gracias a que su cargo le permitía introducir en los registros contables-- urdió un plan con la finalidad de obtener beneficio, realizando desplazamientos de importantes cantidades a sus cuentas corrientes a través de la empresa familiar Fusteria Llombart. Lo hizo mediante la creación de remesas simuladas a través de su ordenador. La liquidación de estas nunca llegaba a realizarse porque el procesado las cancelaba antes y se quedaba con el dinero.
En el año 2003 un interventor tuvo constancia de las irregularidades registradas en la entidad, por lo que se reunió con Salvador Llombart y el director de la sucursal de la Vall, confesando el entonces trabajador su operativa y reconociendo la cantidad aproximada del desfalco realizado.
Según explica el tribunal en el documento judicial, aunque en un principio el acusado manifestó su intención de resarcir a la caja el daño causado y vendió dos fincas por un importe aproximado de 200.000 euros, no destinó los beneficios obtenidos de esa venta a pagar a su deuda.
Durante el juicio, Salvador Llombart dijo haber sido víctima de «una gran presión psicológica» por parte de la caja y negó el robo del dinero, declarando: «Yo no me quedé nada. Ese dinero debe estar en alguna cuenta». Ante la sentencia de la Audiencia Provincial cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
