El facultativo de cabecera de la mujer había remitido al juzgado un parte médico sospechoso el pasado enero. Citada a declarar, ella no quiso interponer denuncia y el fiscal solicitó entonces el sobreseimiento de la causa y el juzgado lo acordó al no haber parte de lesiones ni acusación de la víctima. Un mes después, la madre de las pequeñas se decidió a denunciar a Ricardo Carrascosa por un delito de violencia de género. En concreto, por amenazas y también malos tratos psicológicos.

Denuncia policial

La denuncia contra el presunto infanticida de Castellón interpuesta hace siete meses según el TSJ y la Policia Nacional se calificó como «de bajo riesgo» cuando la mujer se personó en la comisaría provincial de Castellón. El test policial realizado a la víctima (estandarizado por el Ministerio) no detectó la gravedad de los hechos, pese a que la mujer temía por su seguridad y la de sus hijas porque él ya las había amenazado de muerte, según ha podido saber este diario de fuentes solventes del caso.

El fiscal pidió protección

La afectada solicitó una orden de alejamiento y mostró su disconformidad con las medidas provisionales fijadas. El fiscal del caso también se adhirió y pidió que Carrascosa no pudiera acercarse a menos de 250 metros del trabajo o lugar de residencia de su expareja. El Ministerio Público solicitó, asimismo, que la medida fuera extensiva a sus dos hijas «con fundamento en las expresiones vertidas en la causa tanto por la demandante, como por el investigado», tal y como se refleja en el auto que desestima la orden de protección, al que ha tenido acceso Mediterráneo.

El juzgado lo denegó

El mismo documento judicial muestra cómo el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 consideró que «no se aprecia situación objetiva de riesgo y, por tanto, no se estima necesaria la adopción de medidas», tildando la solicitud de «desproporcionada», argumentaba. Asimismo, justificó su decisión incidiendo en que el hombre «carecía de antecedentes penales» y en que la víctima «no ha dado explicación razonable del miedo que siente hacia el investigado cuando existe una importante distancia espacial entre las expresiones que imputa a su marido --en julio del 2017-- y la actualidad», detallaron, haciendo hincapié, igualmente, en que la mujer se había mudado a una vivienda ubicada en la misma calle en la que residía el agresor.

Rifirrafe judicial

El TSJCV dijo ayer en un comunicado que el fiscal no consideró necesaria la adopción de medidas cautelares y que se opuso a la concesión de la orden de alejamiento. Una afirmación desmentida en rotundo por el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, quien no ocultó su malestar por la información proporcionada, incidiendo en que sí pidió protección para la madre y las dos niñas. Cuesta reprobó el comunicado y anunció que se pondría en contacto con la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, tras la difusión.