Descargó y compartió, a sabiendas de que lo hacía con el programa Emule, archivos de pornografía infantil de extrema violencia durante muchos años». Son las acusaciones que hizo ayer el fiscal delegado de Delitos Informáticos en su informe final contra Antonio José C.L., un vecino de Castellón que se sentó en el banquillo por un presunto delito de corrupción de menores y otro de distribución de pornografía infantil. La Guardia Civil encontró en abril del 2017 en su casa más de 15.000 vídeos e imágenes en las que aparecían niñas de muy corta edad maniatadas y forzadas sexualmente por adultos y animales. Los documentos incautados llegan a mostrar, incluso, prácticas sadomasoquistas con bebés, tal y como sostienen el Ministerio Fiscal y la Guardia Civil.

El procesado negó durante su declaración en sala que buscara explícitamente archivos de pornografía infantil. Dijo que se descargaba «muchas películas, libros y documentales» y alegó que el programa bajaba «por accidente» el contenido pedófilo.

Sin embargo, como él mismo admitió, no borraba ese tipo de material. Lo almacenaba, según él «apartaba», en hasta quince discos duros y un ordenador.

«No lo borraba por si en un futuro me daba por averiguar ese tema. Igual me podía interesar ver cuál era la motivación de la gente a la que le gusta esa barbaridad», declaró el varón a preguntas de la Fiscalía. El hombre admitió que no llegó a hacer ningún tipo de «estudio» nunca.

REGISTRO

Los agentes registraron su casa, tras tener información por parte de Europol de que una persona estaba consumiendo y reenviando pornografía infantil desde un IP ubicado en Castellón. En el momento en el que accedieron al domicilio, estaba, de hecho, el programa Emule abierto y descargando contenidos.

Los efectivos, que declararon como testigos y peritos, incidieron en que el hombre hizo modificaciones en las rutas de carpetas compartidas hasta en 67 ocasiones, una acción que no es automática, según los expertos.

Asimismo, incidieron en que en el ordenador había una treintena de accesos directos a sitios de pornografía infantil, algo que tampoco se hace por defecto, según el fiscal y los agentes.

«Eran búsquedas de contenido pedófilo dirigidas, aparecían filtros de contenidos por edades de los menores y el hecho de compartir carpetas con más de 20.000 usuarios denota conocimientos», afirmaron los investigadores.

El fiscal mantuvo su petición de ocho años de cárcel, ocho de libertad vigilada y 12 de prohibición para realizar actividades con menores de edad. El caso quedó ayer visto para sentencia.