Martina y Nerea, víctimas esta misma semana del doble parricidio de Castellón; Eva Bou, asesinada el 2 de septiembre presuntamente por su pareja, que se encuentra en búsqueda y captura; Casimiro Díaz (Boni), acuchillado por su exyerno al defender a su nieta el pasado mes de marzo; y Andrea Carballo, la vila-realense secuestrada y estrellada contra una gasolinera de la 340 por su exnovio en diciembre del 2017. Las cinco últimas muertes violentas en la provincia, en solo 10 meses, están vinculadas a la lacra de la violencia machista.
El infanticidio que esta semana ha tenido lugar en la capital de la Plana ha conmocionado a la sociedad castellonense y ha mostrado la cara más cruel del terrorismo de género. Ricardo Carrascosa acabó en la madrugada del lunes al martes con la vida de sus dos hijas, de dos y seis años, para posteriormente tirarse por la ventana de su casa. Estaba en trámites de divorcio con la madre de las menores --este mes estaba fijada la fecha del juicio-- y ella le había denunciado por amenazas de muerte.
Carrascosa llegó a decirle frases como: «Ve despidiéndote de las niñas» o «Me voy a cargar lo que más quieres». La madre temía que el padre de sus hijas les hiciera daño para vengarse de ella y lo denunció, advirtiendo tanto a la Policía Nacional, como a la Fiscalía y a los dos jueces que llevaron el caso (Instrucción 4 y Violencia sobre la Mujer) que temía por la vida de sus hijas y que creía que estaban en peligro. Pese a la gravedad de las amenazas, la valoración de riesgo del caso arrojó un resultado «bajo».
La denunciante pidió protección --alejamiento y suspensión de las visitas parentales--, pero la misma le fue denegada.
El día 25, a las 5.30 horas, estando las pequeñas a cargo del padre, las asesinó con un hacha mientras ambas dormían.
Tras el doble parricidio, se ha reabierto el debate de la eficacia de los protocolos de actuación en los casos de violencia de género. Judicatura y Fiscalía se han enzarzado en un enfrentamiento por los pasos dados por cada uno.
El TSJCV envió un primer comunicado en el que alegó que el fiscal no había pedido para las niñas y su madre orden de alejamiento. La Fiscalía lo desmintió e hizo público el auto en el que quedaba reflejado que el Ministerio Público solicitó prohibición de aproximación de 250 metros. La jueza de Violencia sobre la Mujer denegó esa medida.
El presidente de la Audiencia de Castellón, José Manuel Marco, pidió que «cada uno asuma su cuota de responsabilidad», incidiendo en que la Fiscalía intervino en cuatro ocasiones en este caso y que «solo en una pidió la protección» de la víctima. Por su parte, el fiscal jefe, José Luis Cuesta, recordó que los jueces «pueden actuar de oficio» y que «no son meros espectadores».
A nivel político, Delegación y Subdelegación del Gobierno admitieron que el protocolo «falló». También así la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, quien envió una carta a la madre de las pequeñas en la que la munícipe pidió «perdón» porque «la sociedad les ha fallado».
