Cinco años y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de tenencia ilícita de explosivos. Es la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Castellón a quien fue vicepresidente de la delegación de la federación de Tiro Olímpico en la provincia, que se sentó en el banquillo el pasado mes de marzo.
El tribunal de la Sección Primera declara probado que Antonio José R.M. era responsable de la custodia y el control de la cartuchería y la pólvora adquirida por la entidad para su distribución entre tiradores con licencia.
Dice la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, que el ya condenado «realizó anotaciones inveraces en el libro de registros de venta de cartuchería e incumplió la normativa, simulando ventas» a personas que realmente no habían adquirido nada.
La Guardia Civil registró la vivienda del sentenciado en Castelló y la de sus padres, en les Useres. En el primer inmueble encontraron diez kilos de pólvora en buen estado de conservación, así como 8.300 euros en una caja fuerte. En el segundo domicilio los efectivos de la Benemérita dieron con un revólver con el número de identificación parcialmente eliminado y un cañón de una pistola semiautomática sin número de serie, entre otras armas.
NO QUEDA DEMOSTRADO / En cuanto al dinero intervenido, la sentencia reza que no ha quedado acreditado que el vicepresidente de la delegación de Tiro Olímpico se dedicara a una actividad ilícita ni traficara ni comercializara con los explosivos --la Guardia Civil le puso vigilancia y seguimientos y no pudo demostrarlo--.
Además de la pena de cárcel, el tribunal castellonense impone a Antonio José R.M. una multa de 1.860 euros y la prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas durante siete años.
Los magistrados no han tenido en cuenta el testimonio de un testigo protegido por haber fallecido este antes de celebrarse el juicio y no haber practicado la declaración del mismo durante la fase de instrucción del caso.
El condenado negó durante su interrogatorio en la vista oral que manipulara conscientemente el libro de registros de la entidad entre 2010 y 2014 y que se lucrara con la venta ilegal de diversas armas y munición.
«En ese tiempo yo tomaba una medicación que me hacía estar mal de la vista y me debí equivocar», se justificó el acusado en referencia a las anotaciones en el libro de registros de DNI de compradores que, en realidad, nunca adquirieron nada. Así lo confirmaron varios de los afectados.
TESTIMONIOS DE AFECTADOS / «No tengo licencia de armas ni he comprado munición en mi vida», dijo uno de ellos, mientras otro afirmó: «Jamás he comprado cartuchería». Entre quienes aparecían en las cuentas --a través de sus documentos de identidad y no sus nombres-- se encontraba también una mujer con movilidad reducida, quien declaró por videoconferencia. «Llevo diez años postrada en una silla de ruedas, no conozco las armas ni he estado nunca en Castellón», dijo la testigo, quien además apuntó: «Espero que le caiga un buen castigo por falsificación».
Diversos socios de la Federación de Tiro Olímpico en Castellón admitieron que prestaron su autorización de recarga al procesado para que adquiriera munición, pero sin conocer su presunta actividad delictiva. «No era consciente de lo que estaba haciendo», explicó al tribunal uno de los testigos citados.
