El administrador de fincas de Orpesa Pedro Recio ha vuelto a ser condenado por el delito de apropiación indebida y pasará en prisión hasta el año 2026, tras acumular ya varias penas. El último juicio contra él se celebró ayer mismo en la Audiencia Provincial de Castelló, donde el procesado reconoció que se adueñó de 34.000 euros de la comunidad de vecinos Costa Caribe II, en Marina d’Or. Tras un pacto con la Fiscalía, aceptó una pena de un año de cárcel, una multa de 930 euros, el pago de las costas del proceso y, en concepto de responsabilidad civil, la devolución de todo el dinero que se apropió entre los años 2010 y 2012.
El juicio comenzó con dos horas de retraso, pues un fallo de comunicación provocó que se olvidaran del acusado y no lo trasladaran al juzgado desde prisión, donde se encuentra ingresado.
Según el relato de hechos, el ya condenado realizaba labores de administración para el citado residencial. Aprovechando el control que tenía sobre las cuentas, comunicó a la junta de propietarios que las cuotas de mantenimiento anuales de los ascensores ascendían a 26.939 euros, pero a la empresa solo le fueron abonados 2.126. Es decir, la diferencia de 25.049 euros quedó directamente ingresada en la cuenta de la empresa del administrador, ignorándolo los vecinos, quienes generaron una deuda de la que no eran conocedores.
De la misma manera y siguiendo con la misma dinámica fraudulenta, la comunidad abonó facturas por importe de 13.205 euros, de los que el acusado solo pagó 4.401 a proveedores, quedándose el dinero restante, que incorporó a su patrimonio.
La Fiscalía pedía inicialmente cinco años de prisión para el procesado, pero el acuerdo de conformidad con el Ministerio Público le permitió ayer rebajarlo antes del inicio de la vista.
OTRO JUICIO HACE UN AÑO
En febrero del 2018 fue ya sentenciado a dos años de cárcel como autor de un delito continuado de apropiación indebida. La sentencia constató que Pedro Recio, a través de la mercantil Servicom Oropesa S.L., fue administrador de la comunidad de propietarios Cala Blanca entre los años 2008 y 2012.
El administrador podía disponer de los fondos de la comunidad de propietarios por estar autorizado en sus cuentas, «y actuando con ánimo de obtener ilícito enriquecimiento económico, dispuso de los fondos de la comunidad de forma no justificada y para fines distintos a los gastos comunitarios». Según la sentencia, el procesado se apropió de esta forma de 4.229 euros. Según pudo saber este diario, el administrador tiene todavía tres causas penales pendientes.
