La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recabado nuevas evidencias que apuntalan la investigación contra Eduardo Zaplana por la presunta trama de comisiones ilícitas ligadas a las adjudicaciones de la ITV y el Plan Eólico. El levantamiento de una parte del caso Erial que permanecía secreta arroja pruebas de la vinculación de diversos empresarios que podrían haber colaborado en la operativa. Uno de ellos es Pedro Romero, expeluquero y estilista de José María Aznar y también de Zaplana, que ha sido imputado por blanqueo de capitales y participación en organización criminal.

En el registro domiciliario practicado el pasado 12 de julio en el domicilio de Romero, en Madrid, la UCO intervino 111.415 euros en efectivo y localizó la existencia de tres cajas fuertes a nombre de su esposa cuya apertura fue requerida. La Fiscalía Anticorrupción señala una estrecha relación entre el investigado y Zaplana y lo sitúa como una pieza importante para ocultar la propiedad y el origen de los fondos bajo sospecha dentro del entramado societario creado por el expersidente junto con Joaquín Barceló y Francisco Grau para canalizar de manera oculta las ganancias obtenida de forma ilícita.

Una práctica que se habría mantenidas hasta fechas recientes con la adquisición, en 2018 y 2019, de suelo público procedente de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana a través de sucesivas adquisiciones y participaciones de las que resultó beneficiaria la trama. La operación se registró unos terrenos cuyo derecho de superficie había sido adjudicado en 2002 a una de las empresas ligadas a Romero en las inmediaciones de Terra Mítica. Las pesquisas tratan de concretar que detrás de la maraña de sociedades estaba la figura de Zaplana.

Por otra parte, la UCO ha practicado nuevas diligencias que aportan indicios sobre el presunto cobro de comisiones por parte del exconseller de Industria Fernando Castelló por importe de 151.380 euros, abonadas por una de las empresas adjudicatarias del Plan Eólico, Elecnor, SA, durante los años 2011 y 2015. El ingreso se habría percibido a través de una empresa familiar carente de trabajadores cuyos únicos gastos están relacionados con la adquisición de coches de alta gama y el pago de los estudios de la hija del exconseller, que participó activamente en la selección de las empresas concesionarias de los parques eólicos. La Fiscalía considera que no parece haber otra justificación de ese cobro que una contraprestación por dicha adjudicación, materializada una vez Castelló abandonó la política. El exconseller está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental. Los hechos desembocaron también en el registro de las instalaciones de la empresa Elecnor.

El registro del ordenador del exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, por otra parte, refuerza las tesis de la UCO sobre el papel de éste en conseguir la "colaboración" de diferentes empresarios con la trama. Un documento remitido por García al expresidente de la Generalitat refleja que ambos habrían acudido a la mercantil Transvía para que solucionara un aspecto de índole económica —"con IVA, más de cincuenta millones"- al que García se refiere como "el tema de las encuestas". La comunicación expone que, como contraprestación a lo anterior, se habría planteado "la solución a través del Plan Eólico", concretamente mediante la incorporación de Transvía al Grupo Guadalaviar (CAM, ACCIONA y ELECNOR), beneficiario del Plan Eólico. En el mismo mensaje, el exjefe de gabinete insta a "dar un empujón" al exconseller Castelló para que les ayude en ese sentido y "remate la operación".

La UCO identifica esa deuda de cincuenta millones de pesetas con una serie de pagos abonados en 2002 por el grupo empresarial Transvía a Demoscopia, SA, dedicada a la realización de estudios de mercado por importe de 277.411 euros. Para los investigadores, las pruebas evidencian una instrumentalización del concurso eólico "con fines e intereses meramente personales o partidistas". En sus comunicaciones, exjefe de gabinete recalca a Zaplana que "estamos en deuda" con Transvía y le pide que hable con Vicente Rambla "para el concurso de mantenimiento de vehículos del parque móvil. Se presentan como Vedat Auto". Transvía también estuvo implicada en el caso Taula por el regalo de relojes al exvicealcalde de València, Alfonso Grau.

El sumario del caso Erial incorpora otras pruebas que condujeron a la reciente detención del empresario de Ibiza Carlos Gutiérrez por su presunta relación con la trama. La UCO vincula una de las sociedades de éste con una transferencia de 2,2 millones a una mercantil de Holanda que se habría usado para canalizar fondos procedentes de Luxemburgo presumiblemente relacionados con comisiones ilícitas. Además, a través de varias mercantiles de Gutiérrez se habrían asumido gastos relacionados con el alquiler de yates cuyos beneficios se vinculan con Zaplana.