Catorce años y tres meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual. Es la pena impuesta por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón a un ciudadano ecuatoriano que abusó y violó bajo amenazas a su propia hermana en Benicarló desde que esta tenía tan solo cinco años. Además, según han declarado probado los magistrados, el hombre llegó a grabar una de las agresiones sexuales en vídeo --estando la víctima muy afectada por la ingesta de alcohol y cannabis a los 14 años-- para chantajearla con hacerlo público después si la niña no sucumbía a sus peticiones sexuales.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Mediterráneo, se le impone también al ya condenado una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la afectada por tiempo de 15 años. En concepto de responsabilidad civil, la Audiencia establece una indemnización de 10.000 euros para la adolescente por los daños morales sufridos.

DESARROLLO DEL JUICIO

El juicio por estos hechos se celebró el pasado mes de diciembre en la capital de la Plana. La niña declaró protegida por un parabán y con la voz temblorosa recordó cómo su hermano --por parte de madre-- le realizaba supuestos tocamientos desde muy temprana edad. Afirmó que cuando ella cumplió 14 años el acusado «fue más lejos» y la chantajeó para que mantuvieran relaciones sexuales completas. Explicó durante su declaración que una noche, después de salir con sus amigas, llegó a casa bajo los efectos del alcohol y la marihuana. «Al día siguiente me levanté con un dolor muy fuerte en el vientre y no recordaba nada. Cuándo le pregunté qué había pasado, me enseñó un vídeo en el que se veía cómo abusaba de mí. Después, me amenazaba con contarle a mi familia lo que había pasado. Yo accedía por miedo a lo que él quería», relató la víctima a preguntas del fiscal y el tribunal.

El acusado, en cambio, negó rotundamente cualquier tipo de tocamiento a la menor. «La trataba como cualquier hermano. No sé ni cómo es capaz de decir eso», aseguró en su interrogatorio.

Los magistrados destacan en su sentencia el «valor y fuerza conviccional» del testimonio de la víctima como prueba de cargo para sostener una condena. El tribunal considera que existe persistencia en la incriminación, un relato verosímil y diversos testimonios --familiares, del entorno escolar y de los peritos forenses-- que dan credibilidad a lo manifestado de la menor, quien sufre «una interferencia en su desarrollo psicológico-sexual, con un elevado coste psicológico».