La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón sentará en el banquillo de los acusados el próximo día 19 a un vecino de la capital, de nacionalidad española y con antecedentes por un delito contra la seguridad vial, acusado de maltratar y agredir sexualmente a su hijastra menor.
Se da la circunstancia de que la niña padecía, además, una discapacidad visual del 80%, según consta en el escrito de acusación provisional al que ha tenido acceso este diario. La Fiscalía solicita para el varón una pena de 18 años de prisión, una indemnización de 15.000 euros para la víctima por los daños morales y secuelas y también una orden de alejamiento durante 20 años.
Los hechos por los que será juzgado el castellonense se remontan a los años 2016 y 2017. Según sostiene el Ministerio Público, cuando la niña contaba con 14 años el procesado comenzó, presuntamente, a aprovechar su situación de desvalecimiento y las ausencias de su madre, para someterla a «constantes actos de violencia física». Según la Fiscalía, el padrastro le propinó a la adolescente puñetazos en la cara, patadas, golpes con un cinturón en la espalda y humillaciones. Supuestamente, el adulto la amedrentaba y le profería habitualmente frases como: «te voy a matar, no vales para nada y no vas a llegar a nada».
Además, el fiscal relata que el procesado sometió a la pequeña a actos de violencia sexual, tirándola al suelo, colocándose encima de ella y realizándole tocamientos.
Como consecuencia de todas estas conductas, la víctima sufre una interferencia en su desarrollo psicosocial con un elevado coste psicológico, tristeza, baja autoestima, miedo, rabia contenida y dificultad para abordar los hechos, entre otras secuelas. Toda esta sintomatología la ha sumido en un estado emocional vulnerable y la ha llevado a recibir tratamiento psicológico con sesiones periódicas en el Servicio de Atención a Menores de Castellón.
Veto con menores
Además de la pena de prisión, la Fiscalía aboga por una medida de libertad vigilada de diez años, posterior a su salida de la cárcel. Asimismo, solicita que se le prohíba la realización de cualquier trabajo, ya sea retribuido o no, que implique contacto con menores durante 20 años.
La adolescente fue declarada en situación de desamparo en 2018 tras iniciarse el procedimiento judicial por supuesta agresión sexual y malos tratos.
El juicio está previsto que comience a las 9.20 horas del día 19 y arrancará con la declaración del procesado, que puede elegir --como permite el Código Penal-- contestar a todas las preguntas, solo a aquellas que desee o acogerse a su derecho a no declarar.
