El titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga ha advertido al dueño de la finca donde murió Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo en Totalán (Málaga), que si se producen nuevos incumplimientos en el pago de la indemnización a los padres revocará la suspensión de prisión.

El condenado, David Serrano, es la segunda vez que paga la indemnización meses después de lo acordado cuando comprueba que el fiscal y la acusación particular han pedido al Juzgado que revoque su libertad provisional por impago de lo acordado en sentencia.

Debido a ello, el magistrado ha acordado que como se produzcan nuevos incumplimientos "se podrá acordar la revocación de la suspensión sin tan siguiera iniciar el trámite de audiencia de oír al fiscal y demás partes personadas", según la providencia, a la que ha tenido acceso Efe.

El procesado, David Serrano, fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga a un año de prisión y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.529,67 euros y a la Junta de Andalucía por los gastos del rescate del pequeño con 663.982,45 euros.

El juez acordó la suspensión de la pena de prisión pero con una serie de requisitos, como no cometer delitos en dos años y abonar 50 euros a los padres todos los meses hasta que su situación mejorara como pago de la indemnización.

Es la segunda vez que la Fiscalía malagueña y la acusación particular piden su ingreso inmediato en la cárcel por impago, aunque tras dicho requerimiento el procesado siempre ha pagado inmediatamente, antes de que el juez se pronuncie.

En la anterior ocasión, el juez ya le advirtió de que el juzgado comprobaría de manera expresa y mensualmente que el abono se había producido pero pese a ello ha vuelto incumplir su obligación varios meses.

Las acusaciones consideraban que estos hechos son graves ya que se había comprometido a pagar 50 euros cada mes.

Debido a ello, el juez en la anterior resolución le decía que "realmente no entendía" que no cumpliera de forma puntual con el pago de los 50 euros y le recordaba que dicho pago con respecto del importe total de la cantidad estipulada en concepto de responsabilidad civil era "una cifra irrisoria y en ningún caso permitirá que la misma sea satisfecha con anterioridad a la finalización del plazo de suspensión".

El magistrado ha acordado nuevamente mantener la suspensión si abona los 50 euros en los primeros siete días de cada mes pero le advierte que la próxima vez ni se dará traslado a las partes para que se pronuncien y que podrá revocar la suspensión inmediatamente.

En la sentencia, dictada el pasado enero, se consideró probado que el acusado "no había señalizado ni advertido de la presencia del pozo" y que tanto la pareja del procesado como los padres de Julen desconocían que estaban preparando la comida a diecisiete metros de distancia de una prospección sin tapar.

El pequeño fue rescatado sin vida el 26 de enero y la causa de su muerte fue por la caída al pozo en la que sufrió traumatismo craneoencefálico y raquimedular.