Un constructor y exdirector de banco de Castellón, involucrado en distintos procedimientos judiciales vinculados a su actividad inmobiliaria, ha sido ahora absuelto por el Tribunal Supremo después de que la Audiencia Provincial de Castellón le impusiera tres años y medio de cárcel por apropiación indebida del dinero que 14 afectados pagaron por unos pisos que no llegaron a completarse en la carretera de Ribesalbes de Castelló. Sin embargo, tras presentar el sentenciado un recurso de casación ante el alto tribunal de Madrid, este le ha dado la razón y deja sin efecto la condena.
En síntesis, el Supremo considera que la sentencia impugnada había dejado sin explicar las razones por las que consideraba que, aun cuando las cantidades recibidas se hubieran destinado por entero a la construcción parcial de la promoción en las que las viviendas vendidas se emplazaban -- hipótesis posible y que no descarta-- «el acusado habría empleado las mismas, distrayéndolas de sus fines, en atenciones distintas a las convenidas». A ojos del tribunal «no se ha probado en el juicio que la finalidad que se dio a dichas cantidades fuera otra; consideraciones, todas ellas, que conducen a la absolución del recurrente».
El caso
En la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón se recogían las elevadas cantidades de dinero entregadas por personas de la capital de la Plana --un total cercano a los 400.000 euros-- que quisieron adquirir una vivienda en uno de los tres bloques que estaban proyectados. Los edificios quedaron solo construidos al 52% y una de las fincas ni siquiera llegó a iniciarse. La promoción inmobiliaria se encontraba, además, gravada con el préstamo de garantía hipotecaria concertado con una entidad financiera.
Los hechos sucedieron entre los años 2006 y 2008, año este último en el que deberían haberse entregado los inmuebles a los compradores. Sin embargo, esto no sucedió y la sociedad promotora fue declarada en estado de concurso necesario por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Castelló en 2009.
Otro procedimiento
Este mismo constructor se sentó en el banquillo de la Audiencia por otro caso inmobiliario que afectaba a Almassora. El tribunal castellonense le impuso tres años de cárcel --y el Supremo lo ratificó después-- por un delito de estafa agravada. Como contó entonces este diario, más de 30 víctimas invirtieron sus ahorros en unas viviendas que quedaron construidas solo al 36%.
«Personal y psicológicamente esta situación ha sido y es muy dura», explicaron algunos de los afectados a los magistrados. «El banco nos dijo que no existía ningún aval y perdimos el dinero», explicó uno de los denunciantes. «Si no hubiera estado avalado, nunca hubiéramos comprado», aseguró.
Una de las familias afectadas realizó una permuta al constructor, quien pidió la cesión de una parcela de su propiedad a cambio de cuatro pisos en una promoción que iba a edificar y que nunca llegaron a construirse. Aunque fue condenado a dos años en primera instancia, esa condena también fue revocada por el Supremo.
