Siete años y medio de cárcel. Es la pena que el Ministerio Público reclamará este lunes a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón para el varón que apuñaló a su exmujer a las puertas del colegio Estepar de la capital de la Plana en febrero del 2020.

La Fiscalía solicita en su escrito de acusación esta condena por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa. El procesado se dirigió a la víctima a las puertas del centro educativo mientras esperaba para recoger al hijo que ambos tienen en común y allí intentó apuñalarla por la espalda, aunque el arma se dobló y provocó lesiones superficiales a la afectada. También otros padres allí presentes se abalanzaron sobre el acusado, reteniéndole hasta la llegada de los cuerpos de seguridad y emergencias para su detención.

El hombre permanece en prisión provisional desde el momento de los hechos, al descartar tras varios exámenes cualquier afección que derive en una pérdida cognitiva y de consciencia sobre lo acontecido.

La Fiscalía achaca todo a un «plan malvado» a consecuencia del proceso de retirada de la patria potestad que la exmujer había iniciado

La argumentación del Ministerio Público achaca todo a un «plan malvado» a consecuencia del proceso de retirada de la patria potestad que la exmujer había iniciado tras diferentes intentos autolíticos y manifestar querer acabar con su vida el acusado.

El varón escribió en un folio una serie de oraciones dirigidas a la víctima como «¿Quieres justicia de verdad? Pues disfruta de la inquisición» o «te dije que tus actuaciones tendrían consecuencias trágicas», entre otras muchas frases. Tras ello se dirigió al colegio Estepar con dos cuchillos y al ver a la exmujer empezó a gritar su nombre, pidiendo ella que cesara el comportamiento, cuando al ir a entregarle este documento le asestó varias cuchilladas de una forma súbita y sorpresiva.

Secuelas

La puñalada provocó una herida triangular de 0,5 centímetros superficial en la zona subcostal derecha quedando una cicatriz como secuela. Si bien, a ello se le añade la afección psicológica de lo ocurrido, pues la víctima padece un trastorno de estrés postraumático que requiere de una atención médica y psicológica continuada. Por ello, la Fiscalía Provincial, además de los siete años y medio de cárcel, reclaman al tribunal la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, su domicilio y lugar de trabajo, así como a tampoco poder comunicarse con ella por un tiempo de diez años más.

Si bien, la demandante renunció expresamente a recibir indemnización alguna en concepto de responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados a consecuencia de la actuación, que analiza el tribunal esta semana.