En la mañana del 10 de marzo de 2019, una vivienda de Castelló sufrió un incendio. Una vez apagadas las llamas, afloró el resto. Los agentes de la autoridad que se personaron descubrieron que se trataba de un laboratorio de cocaína. El miércoles 21 se celebra el juicio en la Audiencia Provincial de Castellón. Fiscalía pide para los tres acusados un total de 11 años de cárcel; seis de ellos por un delito de incendio por imprudencia grave, y los otros cinco por un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Los hechos ocurrieron en 2019, cuando se prendió fuego a la vivienda que compartían en régimen de alquiler los tres acusados. Uno de ellos sufrió quemaduras de tal gravedad que determinaron su traslado al Hospital La Fe de València. Por ello, la Generalitat reclama 51.557 euros por la asistencia sanitaria.

Extinguido el incendio, los agentes realizaron una inspección ocular en el domicilio, descubriendo que en realidad era utilizado, según el escrito del Ministerio Fiscal, «como laboratorio o centro de extracción secundaria para la separación de cocaína de otras sustancias (como café o milo), con las que se había mezclado previamente para ocultarla y posteriormente realizar la adulteración o corte, originándose el incendio en la cocina, donde los acusados estaban manipulando productos químicos a tal fin».

Elementos encontrados

En el registro se encontraron elementos como cubetas de plástico, líquido corrosivo... y diferentes sustancias como el permanganato potásico, tolueno, acetona y ácido sulfúrico, y otras que se utilizan como «precursores», esto es, «aquellos productos susceptibles de ser utilizados en la fabricación ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas». Además, las sustancias encontradas en barreños en la vivienda resultaron ser, algunas de ellas, cocaína, que habría alcanzado en el mercado ilícito, según Fiscalía, la cantidad de 7.000 euros por su venta en dosis y 3.900 por su venta en gramos.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un doble delito; de incendio por imprudencia grave; y contra la salud pública. Además de los 11 años acumulados de cárcel, solicita una multa de 1.500 euros sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 100 euros no pagados y costas.