Cruz Roja la Vall d’Uixó se ha visto obligada a cerrar un piso de alquiler que gestionaba en el bloque 9 de la Colonia San Antonio, en respuesta a los numerosos problemas de convivencia y quejas vecinales que estaban generando desde hace algún tiempo dos beneficiarios del proyecto de Ayuda Humanitaria que desarrolla esta organización con la financiación del Gobierno de España.

La conflictividad había generado diferentes intervenciones de la Policía Local y la Guardia Civil, hasta el extremo en el que se produjo una reyerta en la que utilizaron armas blancas, que acabó con alguna detención, como confirmaron a Mediterráneo fuentes próximas al caso consultadas.

«La selección y el seguimiento de los beneficiarios del programa era distinto antes de la pandemia», explican desde la ONG. Como consecuencia de las restricciones por el covid-19, el seguimiento debía ser telefónico, lo que dificultaba el control de las normas de este tipo de iniciativa. A su vez, reconocen que «el perfil de estas personas --los remite el Ministerio-- era distinto al habitual» y los residentes han sido los que han pagado con su intranquilidad las consecuencias, por las que Cruz Roja ha decidido intervenir y cortar por lo sano en cuanto se produjo el incidente de más gravedad.

Insisten en que los vecinos del bloque de viviendas estaban acostumbrados desde hace unos años a convivir con participantes del programa «y nunca antes había pasado nada parecido». Según explican, quienes habitan en esta vivienda de alquiler son «gente de paso», que recibe formación y ayuda para lograr una plena integración, siempre bajo supervisión. De hecho, quienes reciben la ayuda, adquieren un compromiso que incluye normas como garantizar una convivencia tranquila o no meter en el piso a personas ajenas. La pandemia ha dificultado realizar un control sobre este tema, por ello alertaron los vecinos.

Confirman que hace poco les informaron del primer incidente de consideración, por el que se realizó un aviso y hará cuestión de unas tres semanas, se produjo la reyerta mencionada. En cuanto lo supieron, se personaron en el piso, expulsaron a los responsables y reubicaron a sus compañeros en otras viviendas incluidas dentro del programa humanitario.

Desde Cruz Roja insisten en que el proyecto lleva «mucho tiempo» realizándose sin que hayan habido conflictos, «los mismos vecinos lo reconocen», de ahí que ahora hayan sido tajantes. 

Estudian si dejar el piso vacío o cambiar el lugar

El piso permanecerá cerrado por el momento, hasta que Cruz Roja decida qué hacer. En respuesta a los últimos incidentes, ayer hubo una reunión en la que participaron la ONG, vecinos y la concejala de Servicios Sociales, Marian Artero, a fin de definir una respuesta.

Al tratarse de un proyecto que cuenta con financiación estatal, cualquier paso que se dé debe contar con el visto bueno del Ministerio, de ahí que, por el momento, Cruz Roja esté a la espera de determinar si rescindir el contrato de alquiler, buscar otro o analizar las alternativas a su alcance.

La edila de Servicios Sociales emplazó a las partes a, en el caso de reabrir la vivienda, establecer mecanismos para que los vecinos estén informados en todo momento de cuándo y quién va a convivir con ellos. También insistió en que lo sucedido «no tiene nada que ver con el programa, sino con unas personas conflictivas».