La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cinco años de prisión a un hombre por los delitos de estafa continuada, organización criminal y falsedad en documentos públicos, oficiales y mercantiles. El procesado, como integrante de un grupo delincuencial, se dedicaba a obtener un beneficio económico consiguiendo dinero de entidades públicas y de particulares, a quienes engañaba utilizando documentos que no eran verdaderos. Solo de las administraciones públicas estafadas logró hacerse con 2,1 millones de euros y, entre ellas, estuvieron el Ayuntamiento de Castelló (16.056 euros) y la Diputación (58.790 euros). Además, la trama también lo intentó con el Hospital Provincial de Castellón, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

La dinámica seguida por la organización comenzaba con la elaboración de todo tipo de documentos de identidad, certificados de empadronamiento o contratos de trabajo. Con ellos, miembros de la red abrían cuentas en distintas entidades bancarias y en distintos países y que serán utilizadas para recibir el dinero de administraciones públicas y particulares. 

En un primer momento y tras identificar a las posibles víctimas --que van desde ayuntamientos, hospitales o boletines oficiales de todo tipo de Consorcios--, los autores realizaban un estudio con el fin de conocer los contratos que dichas entidades públicas tienen con proveedores y empresas que les prestan sus servicios.

Modus operandi

Cuando los miembros de la organización descubrían su forma de relacionarse y conseguían material como facturas y pedidas, se hacían pasar por una de las empresas que tenían pendiente algún cobro con la administración, se hacían pasar por ella y llamaban a la entidad o enviaban un correo electrónico, comunicándoles que iban a cambiar su número de cuenta bancaria habitual, por lo que los servicios prestados debían ser abonados a la nueva cuenta.

Como sistema de verificación y control, les indicaban también que en los siguientes días recibirían los documentos acreditativos de este cambio, que eran falsos.

Al recibirlo, muchas entidades abonaron grandes sumas de dinero. Entre ellas estaban la Diputación de Barcelona, las Universidades de Santiago y La Laguna o los ayuntamientos de Albacete, Arganda del Rey (Madrid), Almería, Bilbao, Castelldefels o Gandía. 

Por lo que respecta a los particulares, la banda empleaba engaños como el phishing bancario, timos en arrendamientos de apartamentos turísticos o estafas en la compra de objetos por internet.