El desfalco de la Caja San Vicente Ferrer de la Vall d’Uixó hace casi 20 años llega a juicio en la Audiencia Provincial el próximo mes de septiembre. Concretamente, será los días 21 y 22 del próximo mes cuando quienes fueran cajero y contable de la entidad se sienten en el banquillo de los acusados de la Sección Primera.
Ambos decidieron, según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, «lucrarse a costa del dinero de los clientes de la entidad, que perdieron gran parte de sus ahorros y del propio banco». Estos hechos salieron a la luz en el año 2004 y el caso supuso un gran escándalo en la localidad, especialmente por la involucración del entonces cajero Gregorio Toledo, muy conocido debido a su trato con los numerosos clientes y empleado de la caja desde hacía 18 años. Tras saltar el escándalo, el investigado abandonó la Vall d’Uixó y se fue a vivir a Toledo, como publicó entonces este diario, que cubrió ampliamente el caso.
La acusación
El Ministerio Público solicita tres años de prisión para los dos exempleados de la entidad por delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil con la atenuante de dilaciones indebidas –debido al largo tiempo transcurrido desde los hechos, no atribuible a los procesados—en el caso del cajero y de reparación del daño en el caso del contable, Manuel G., puesto que él sí devolvió el dinero supuestamente sustraído antes del inicio del procedimiento--.
La Fiscalía asegura que Gregorio T. se hizo con 1,1 millones de euros y Manuel G. con cerca de 380.000. En su escrito, mantiene que los dos acusados «entablaron una amistad, llegando a abrirse una cuenta bancaria a fin de poder realizar inversiones en bolsa».
Según la investigación, esa relación les llevó a aprovecharse de su trabajo en la Caja Rural San Vicente para sacar provecho económico. En concreto, retiraron pequeñas cantidades de las cuentas, alterando los asientos contables a fin de disimular las salidas de efectivo, y también así de los cajeros automáticos, aprovechándose de sus empleos y su acceso privilegiado a la información bancaria.
El cajero pidió, además, préstamos que nunca se anotaban en la contabilidad, sin constar tampoco en la hoja de certificación de saldos. Al tener acceso a las diferentes cuentas de los clientes, el acusado también realizó extractos bancarios a cargo de clientes que nunca vieron su dinero porque fue, según el fiscal, Gregorio T. quien se apoderó de él.
Las pruebas periciales serán determinantes en el juicio a la hora de probar la participación de los dos procesados en el desfalco.
La Audiencia envió ya a prisión a otro empleado del banco
En el año 2018 la Audiencia ya condenó a tres años y medio de cárcel a Salvador Llombart, otro empleado de la misma entidad de la Vall d’Uixó que, según la sentencia, realizó un desfalco de tres millones de euros entre los años 1998 y 2005. El tribunal lo consideró autor de un delito continuado de apropiación indebida agravado, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y absolvió a su mujer y su hermano, que también se sentaron en el banquillo de los acusados. La Audiencia también ordenó el comiso de los bienes del exempleado de banca sentenciado.
