Concluidos los rescates de los desaparecidos en el trágico derrumbe del bloque de apartamentos de la urbanización Font Nova de Peñíscola --cuyo saldo final son dos fallecidos y un herido grave--, han comenzado a indagarse a fondo las causas del repentino desplome de 18 apartamentos de la fase 5. La investigación se prolongará durante meses e incluso podría durar años, según expertos consultados por este periódico.
El arquitecto municipal, Ramón Mallasén, dijo ayer en declaraciones a los medios que los materiales empleados en la construcción de las viviendas «no eran muy buenos», aunque puntualizó que «tampoco es justo echarle toda la culpa a eso porque son materiales modestos, propios de la época y del tipo de construcción que es». Preguntado si el fallo podía estar en la construcción el técnico lo negó y dijo que es «demasiado pronto para dar una respuesta».
Mallasén apuntó quizás a un fallo de mantenimiento, aunque no quiso ir más allá y recordó que «es aventurado y estaría mal» elucubrar al respecto. Por lo que respecta al posible papel que jugaron las intensas lluvias registradas en la zona en la tragedia, el arquitecto municipal apuntó que «siempre pueden influir, pero pensamos que el terreno circundante está perfecto y no ha habido movimientos de tierra». Por el momento, la principal hipótesis es que algún fallo en el saneamiento interior del edificio hizo que un muro de carga se deteriorara y, al colapsar, provocó el derrumbe total.
Respecto a la existencia de una posible reforma ilegal en el bloque, Mallesén negó tener constancia de este hecho en declaraciones a los medios de comunicación.
La afección de la lluvia
El ingeniero forense Vicent Pons --ingeniero industrial, arquitecto y perito en el derrumbe de Peñíscola-- recalca que «habrá que esperar al análisis en profundidad de la zona cero» para hallar respuestas. «La lluvia pudo ser un desencadenante, pero no la causa principal. No había movimientos de tierra ni en la parcela ni en las calles cercanas», aseguró ayer en conversaciones con Mediterráneo.
Respecto al tipo de construcción de la finca, Pons considera que «aunque el proyecto se ajustaba a la normativa, quizás no era la construcción más adecuada para una zona de pendiente pronunciada». Asimismo, explica que por el momento desconoce cuál es la constructora que ejecutó las obras en 1991, un dato que podrá consultarse en los archivos del Ayuntamiento de Peñíscola.
Por su parte, el director del Grado en Arquitectura Técnica de la Universitat Jaume I y presidente del Colegio de Arquitectos de Castellón, Ángel Miguel Pitarch, sostiene que las estructuras de hormigón son «más estables frente a los muros de carga, con los que es más fácil que se produzca un efecto dominó». «Podría tener mayor seguridad, pero eso no significa que los muros de carga sean malos. En Castellón tenemos pueblos enteros en el interior hechos con muros de carga de piedra y en la costa, con muros de ladrillo», puntualiza Pitarch.
El profesor de la Jaume I apunta que si los muros de carga son perpendiculares a la pendiente no debería haber problemas --aunque en este caso concreto desconoce los detalles de la construcción--.
Un mensaje de tranquilidad
Con todo, el también presidente de los arquitectos de Castellón quiere lanzar un mensaje tranquilizador tras la tragedia: «los edificios están hechos para no caer y, aunque haya un error puntual, es difícil que un desastre de esta magnitud responda a una sola cuestión». «Puede deberse al tipo de estructura, los materiales, la ejecución, al mantenimiento y puede ser una suma de todo. En cualquier caso, esto que ha ocurrido es algo excepcional», recuerda.
Por lo que respecta a las posibles responsabilidades, la del constructor y el arquitecto queda extinta a los diez años de la construcción, según la Ley de Ordenación de la Edificación de 1996. El edificio derrumbado tenía 30 de antigüedad y hasta los 50 tampoco es obligatoria la inspección técnica, cuyo cumplimiento es competencia municipal. La investigación determinará si el mantenimiento era el adecuado.
