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Ciberdelincuencia

Internet sin ley: solo el 10% de los delitos de fraude, amenazas o sexuales se esclarecen

Los efectos restrictivos de movilidad de la pandemia parecen haber motivado un trasvase desde la delincuencia tradicional a la informática

Internet sin ley: solo el 10% de los delitos de fraude, amenazas o sexuales se esclarecen.

Los efectos restrictivos de movilidad de la pandemia parecen haber motivado una especie de trasvase desde la delincuencia tradicional a la delincuencia informática, según recoge la última memoria de la Fiscalía de Galicia. La cifra total en 2020 es de 1.085 delitos informáticos incoados, lo que supone un 74,16% más que un año antes y contrasta con el descenso en la cifra global del resto de delitos incoados a lo largo de 2020, el año de las restricciones de movilidad, que caen un 20% respecto a 2019.

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Estafas, amenazas, coacciones, acosos y delitos sexuales navegan impunemente por internet. Casi el 90% no logran esclarecerse y es que aunque el mundo delictivo se ha pasado masivamente a las redes, apenas el 10 por ciento de estos delitos llegan a los juzgados, pues para ello debe constar un autor conocido y en la mayoría de las ocasiones se desconoce. Lo que supone que entre el 90 y el 98% de la delincuencia informática real forma parte de una delincuencia oculta, según la memoria de la Fiscalía. De los 11.631 casos registrados en Galicia en 2019, se esclarecieron 1.901, según las últimas valoraciones hechas públicas por el Ministerio de Interior.

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En el último año la Fiscalía de Galicia abrió un total de 1.085 nuevos procedimientos por delitos informáticos. Por provincias.

Pontevedra encabeza el número de investigaciones con 557 delitos, (más de la mitad de los registrados en la Comunidad) de los que 185 corresponden al área judicial de Vigo. Le siguen A Coruña con 405 causas abiertas, Ourense con 100 y Lugo con 23.

La estafa informática experimentó un elevado crecimiento con 157 asuntos en la ciudad olívica y 470 en la provincia y sigue al alza, pues según los últimos datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en el primer semestre de este año este tipo de delincuencia se ha disparado otro 20%.

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También preocupa el crecimiento de los delitos contra la libertad sexual cometidos a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, (41 casos en toda la provincia, un tercio de ellos en Vigo), a los que se suman siete delitos de pornografía infantil, seis casos de acoso a menores de 16 años, trece delitos de amenazas y coacciones y otros 6 de acoso a adultos. Además, se registraron once delitos contra la intimidad y contra el honor, dos falsificaciones y cuatro ataques informáticos e interceptación de datos.

Aunque con menor peso cuantitativo en la estadística, la Fiscalía gallega resalta que tienen mucha relevancia criminológica y social otros delitos. Caso del ciberstalking o acoso en las redes, especialmente a los menores de 16 años, configurado también como online child grooming, delito de preparación online de menores con fines sexuales o el delito de pornografía relativo a menores o discapacitados.

Los fiscales gallegos especializados en delincuencia informática, entre los que se encuentra la fiscal del área de Vigo Rebeca Cordeiro, subrayan el doble impacto que producen las TIC en el ámbito de las tipologías delictivas: “Por un lado constituyen un medio para ejecutar nuevas formas de comisión de ‘delitos clásicos’ como estafas, amenazas, injurias o calumnias, y por otro han propiciado el surgimiento de nuevas figuras delictivas como el ataque a sistemas informáticos, daños informáticos, interceptación de transmisión de datos....”

Ante la ciberdelincuencia, que se caracteriza por la facilidad de comisión de los delitos, el posible carácter transfronterizo, las dificultades para su prevención e investigación, el alto grado de impunidad y, en los casos más graves, la producción de daños de gran magnitud en el ámbito económico y tecnológico, los fiscales gallegos requieren “un tratamiento jurídico específico”.

La lucha contra los delitos telemáticos ha ido evolucionando en los últimos años. Los fiscales gallegos consideran esencial “la prueba electrónica” para la investigación y persecución de las diversas modalidades de cibercrimen.

Pero no es el único arma que emplean para luchar contra los delincuentes de la red. Los nuevos retos se afrontan con nuevas herramientas desde que en 1995 aparecieron figuras e instrumentos que facilitan la caza e identificación de los ciberdelincuentes.

Jueces, fiscales y fuerzas de seguridad cuentan con medidas específicas –con el debido respeto a los derechos fundamentales y garantías mediante control judicial– como la ‘ciberintervención’ –intervención de las comunicaciones a través de las TIC–, el ‘ciberpatrullaje’ –rastreo en las redes por las fuerzas y el “agente encubierto informático”, así como el ciber registro –registro de sistema y dispositivos informáticos–.

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