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A JUICIO EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Piden cárcel y multa de 350.000€ por emplear ‘en negro’ en un taller clandestino

El procesado adeuda a la Seguridad Social las cuotas de dos negocios, el segundo de hostelería

El juicio está previsto para este miércoles 29 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón juzgará el próximo miércoles a un varón que afronta una pena de prisión de cuatro años y una multa de 346.782 euros más una indemnización a la Seguridad Social de 173.391 euros por un presunto delito de defraudación de cotizaciones, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.

Los hechos fueron descubiertos por la inspección de trabajo cuando en una actuación para la detección de conductas delictivas comprobó que el procesado regentaba un taller de vehículos, el cual carecía de rótulo alguno, sin dar de alta a ningún trabajador, ni siquiera a él mismo. 

Tras regularizar la situación y dar de alta con efecto retroactivo a los empleados, el Ministerio Público recoge que el mismo establecimiento dejó de abonar las cuotas patronales y las retenciones de los trabajadores en el 2015 «con ánimo defraudatorio a la Seguridad Social», reza el escrito.

Ese mismo año, el acusado comenzó a regentar otro local, en esta ocasión dedicado a la hostelería, dando de alta a 11 trabajadores entre septiembre del 2017 y 2018, aunque «con el mismo ánimo defraudatorio dejó de abonar las cuotas correspondientes a las que está obligado, acumulando así la deuda con la Seguridad Social al comenzar otro negocio».

El balance

Con todo, el balance arroja que las arcas públicas han dejado de ingresar 147.280,97 euros de manos del varón, además de otros 26.110 euros relacionados de su régimen de autónomo.

Al mismo tiempo, la Fiscalía también acusa al hombre de no presentar cuentas en el registro mercantil, ocultando a la administración tributaria la situación patrimonial de la empresa. El documento recoge además que durante todo el periodo «nunca se ha solicitado aplazamiento de pago ni se ha intentado regularizar la cotización», así como que el procesado carece de bienes o propiedades a su nombre.

Por todo, solicita al tribunal castellonense la aplicación de una condena de cuatro años de privación de libertad más el abono de multa e indemnización. También reclama a los magistrados que establezcan una responsabilidad personal para que, en caso de no abonarse dichas cuantías, se responda con otro día adicional de prisión por cada 1.000 euros insatisfechos de la condena.

La conducta

La jurisprudencia existente del Tribunal Supremo establece que la conducta defraudatoria resulta clave para determinar la autoría de un delito de este tipo, siendo necesario poner el foco en la ocultación de información obligatoria de comunicar, entre otros aspectos.

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