El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha abierto diligencias por los cánticos homófobos que se profirieron durante una manifestación neonazi celebrada en el barrio madrileño de Chueca el 18 de septiembre último, y ha pedido a la Delegación del Gobierno información sobre la convocatoria.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han confirmado a Efe este miércoles que el caso se ha judicializado a raíz de las querellas presentadas por la Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado y la Coordinadora Tercer Sector.
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 ya ha ordenado diligencias como solicitar a la Delegación del Gobierno que le entregue documentación sobre la marcha del 18 de septiembre, que fue convocada por la Asociación de Vecinos San Blas-Canillejas con el lema 'Di no a las Agendas 2030-2050' y transcurrió por el barrio de Chueca, punto de reunión del colectivo LGTBI.
Las fuentes han precisado que en el Juzgado de Instrucción número 9 también tiene sobre la mesa una querella sobre los gritos proferidos en la concentración presentada por la Coordinadora, sobre la que tendrá que decidir si la asume o se inhibe en el juzgado que ya ha abierto diligencias.
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha adelantado este miércoles que su departamento ha enviado los informes correspondientes a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid para que determine si hay un delito de odio.
González ha defendido que no se podía prohibir "preventivamente" la marcha, durante la que no se produjeron desórdenes públicos, y que posteriormente se actuó con la máxima contundencia con los organizadores y con los participantes que portaban armas peligrosas.
"Me siento responsable pero no culpable", ha afirmado sobre los cánticos que profirieron algunos "cafres" contra los homosexuales, entre ellos "fuera sidosos de Madrid" o "fuera maricas de nuestros barrios".
La Delegación informó tras la marcha de que impondrá una sanción administrativa de 600 euros, lo máximo que permite la ley, a los dos organizadores de la marcha, y de que había incoado expediente sancionador de 800 euros a seis de los participantes por un delito contra la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que portaban seis bengalas, cinco palos de distintos tamaños y un puño americano.
El informe que hizo la Policía se remitió a la Fiscalía ante la posible existencia de un delito de odio.
Previamente la Fiscalía de Madrid incoó diligencias de investigación a raíz de los hechos acaecidos durante la marcha, a iniciativa propia, y los ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio y Discriminación de Madrid al considerar que las consignas que se profirieron pueden ser constitutivos de delito de odio o discriminación.
