El juicio por el asesinato del concejal de IU de Llanes Javier Ardines se celebrará a lo largo de todo el mes de noviembre, durante al menos 18 sesiones, aunque hay reservadas otras tres vistas en diciembre por si no fuesen suficientes las anteriores. El cronograma del juicio ya ha sido facilitado a los letrados del caso. El jurado que decidirá sobre este caso será seleccionado el 29 de octubre, antes de dar lugar a los interrogatorios de los cuatro acusados, que se enfrentan a penas de 25 años de prisión cada uno, dos como autores materiales del crimen, los argelinos Djilali Benatia y Maamar Kelii; otro como instigador, el vizcaíno Pedro Luis Nieva, y un cuarto como intermediario, Jesús Muguruza, la persona que supuestamente contactó a los sicarios con el inductor del asesinato. Estas declaraciones han sido programadas del 2 al 4 de noviembre.

A continuación serán las declaraciones de los testigos del caso, del 5 al 19 de noviembre, a lo largo de diez sesiones. Los días 23 y 25 de noviembre será el turno de las periciales, reservándose los días 26 y 29 para las conclusiones. El 30 de noviembre está previsto que se conforme el objeto del veredicto y se reúna el jurado para deliberar. No obstante, se han reservado otras tres jornadas, del 1 al 3 de diciembre, por si las deliberaciones del jurado o las declaraciones y testificales se extendiesen más de lo previsto. Es previsible que la primera del juicio se dedique prácticamente al completo a las cuestiones previas de las partes, en las que previsiblemente se solicitará la nulidad de las actuaciones, como ya se ha planteado en fechas anteriores.

El TSJA anuló el pasado mes de junio la testifical de Jesús Muguruza, en la que se autoinculpó del crimen sin que se le brindase un abogado. Fue a raíz de esa declaración que se detuvo al propio Muguruza, a Djilali Benatia y a Pedro Luis Nieva. Sin embargo, el TSJA no anuló las actuaciones que siguieron a la declaración de Muguruza al considerar que la Guardia Civil hubiese llegado de todos modos a las mismas conclusiones por otras vías. En el juicio no podrá haber referencia alguna a esa declaración y la Fiscalía tendrá que buscar otras vías para conseguir su condena. La anulación de esta declaración será a buen seguro uno de los argumentos para pedir la nulidad del proceso cuando llegue el momento de los recursos ante el Tribunal Supremo, siempre que los acusados sean condenados.