El artículo 25.2 de la Constitución establece que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social". Esa es la teoría. Pero la realidad es que salvo en aquellos casos en los que el reo muestra su clara voluntad para reinsertarse, y cuenta con un apoyo familiar o social en el exterior —asociaciones como el Casal de la Pau o el programa PAIEM— muchos exconvictos de larga duración acaban reincidiendo al enfrentarse a su vida en libertad, bien porque su paso por prisión no ha ejercido en ellos ningún tipo de efecto reeducador o incluso porque anteponen una rutina por ellos conocida, pese a renunciar a su propia libertad, a una lucha de subsistencia en la calle.
Ese es el caso de José Antonio F. T., un hombre de 52 años que ha pasado más de media vida entre rejas, por matar y robar a un agricultor en Picassent en 1993 entre otros delitos, y que este jueves confesó ante el juez un atraco en una perfumería de Torrent para volver a prisión. El exconvicto, toxicómano y con un trastorno de la personalidad de etiología ideopática, reconoció ante el Juzgado de Instrucción número tres de Torrent que cuando hace un año quedó en libertad tras cumplir su condena le mandaron a psiquiatría para seguir con su medicación, pero que no fue. Nadie hace un seguimiento de este tipo de reos con patologías mentales y delitos de sangre tras abandonar el centro penitenciario si no es voluntario.
La realidad para los internos con tratamiento psiquiátrico dentro de prisión tampoco es mucho mejor. En el centro penitenciario de Picassent la atención de los cerca de mil presos que requieren de esta atención psiquiátrica recae en psiquiatras externos que apenas visitan el centro cuatro veces al mes, y cuyas visitas se paralizaron en noviembre de 2019.
El ahora detenido en Torrent por asaltar a la empleada de una perfumería de la avenida del Vedat con un cuchillo de doce centímetros para apoderarse del dinero de la caja registradora —no llegaba a los 300 euros— ha pasado 27 años en prisión. El 18 de octubre de 1993 José Antonio F. T. abordó a un agricultor en un huerto de naranjos de Picassent para robarle una cantidad no superior a las 2.000 pesetas —12 euros—, según quedó probado en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia.
El condenado a once años de cárcel por el homicidio y cuatro más por robo con violencia golpeó a su víctima de forma reiterada en la cabeza cuando éste se resistió. Uno de estos golpes se lo propinó contra un bloque de cemento, por el cual el agricultor de 64 años, Salvador Aguado González, perdió el conocimiento. Estando el sexagenario inconsciente el ahora arrestado, también por un robo con violencia e intimidación, arrojó a su víctima a una acequia, falleciendo éste por asfixia, según determinó la autopsia en su día.
En abril del 2000 el homicida reconoció su crimen y aceptó una pena de quince años de prisión tras un acuerdo de conformidad entre las partes durante el juicio. Inicialmente el Ministerio Fiscal solicitaba una condena de 18 años y medio de prisión y la petición de la acusación particular ascendía hasta los treinta años por los delitos de asesinato y robo con violencia.
A esta pena se sumaron otras condenas por delitos de robo que tenía pendientes. De hecho, no fue hasta septiembre de 2020 cuando el condenado, una vez cumplida su deuda con la Justicia, abandonó el centro penitenciario. En el año que ha estado en libertad éste asegura que ha subsistido con una pensión no contributiva de 400 euros, con la que debía pagar el alquiler de su domicilio y los gastos de su hijo. Así, admitió ante el juez que ha tenido ideas suicidas y que «su cabeza le pedía volver a robar».
