Sexo a cambio de comida. Un vecino de Sagunt se enfrenta a una pena de quince años de prisión por violar a su pareja tras tenerla presuntamente varios días sin comer, para obtener de ella favores sexuales ofreciéndole un simple café con leche. El procesado, juzgado ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, negó haber forzado sexualmente a su víctima, con la que, según su versión, tenía relaciones sexuales consentidas tras acogerla en su casa porque estaba en la calle y no tenía otro sitio donde ir.
La propia víctima reconoció que éste fue precisamente el motivo por el que no denunció a su agresor mucho antes, «por miedo y porque no tenía donde ir», argumentó visiblemente afectada detrás de un biombo. Para otras mujeres que puedan estar sufriendo cualquier situación similar de vejaciones, malos tratos o abusos, la Comunitat Valenciana cuenta con una red de oficinas de atención a las víctimas del delito a las que se pueden acercar o telefonear para ser atendidas y ayudadas por un equipo multidisciplinar.
En uno de los dos episodios violentos que relata la mujer, ocurrido en noviembre de 2019, después de que ella no accediera a sus pretensiones y se encerrara en su habitación, su presunto agresor llegó a hacer un agujero en la pared a martillazos para acceder al interior por el citado hueco y consumar la violación. El acusado argumentó que ese boquete es previo a que su expareja se viniera a vivir con él. Según él, lo hizo por unas obras, porque pretendía unir las dos estancias. «Ella no comía porque no quería», alegó.
La segunda agresión sexual que relata la víctima, en este caso en grado de tentativa, se produjo en la Nochebuena de ese mismo año. El acusado se habría aprovechado además de la vulnerabilidad personal y emocional de la víctima.
Un juzgado de lo Penal de València ya condenó a 65 días de trabajos en beneficio de la comunidad por violencia machista al ahora acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, violación en grado de tentativa y maltrato psicológico habitual. El juez le impuso una orden de alejamiento de dos años, que quedó extinguida apenas dos meses antes de retomar la convivencia.
