Cuando se han cumplido 30 años desde la desaparición de las tres niñas de Alcàsser, cuyos cuerpos fueron encontrados dos meses y medio después, para algunas personas vinculadas con el caso de un modo u otro todavía existen dudas sobre quién cometió los crímenes y cuántas personas pudieron estar implicadas. Así lo confirman, al menos, fuentes próximas a la investigación consultadas por la agencia EFE, desde donde explican que existiría cierto «recelo» ante la posibilidad de que pudiera personarse ante el juzgado una nueva acusación particular, con la pretensión de esclarecer las incógnitas sobre las que, a su parecer, no se habrían encontrado respuestas.
Para esas mismas fuentes, según relata hoy la agencia informativa, «la investigación está agotada» y solo quedaría abierta la pieza referente a la localización de Antonio Anglés, a quien desde el principio se responsabilizó de los secuestros y posterior asesinato de las menores. Quienes consideran que no tiene sentido empeñarse en mantener abierto el caso, inciden en que «no es posible reinvestigar lo ya investigado», pues recuerdan que los tribunales cuentan con «muchos elementos» que corroborarían la versión que en su día dió el único detenido y condenado por el trágico suceso que conmocionó al país, Miguel Ricart.
Fuentes próximas a la investigación, en declaraciones a EFE, califican de «sospechosa» la constante revisión de esta causa, al tiempo que inciden en que tres décadas después «es muy complicado» que aparezcan nuevas pruebas. Aunque, de acuerdo con la legislación, los delitos no prescribirán hasta diciembre del 2029. Es la fecha establecida porque se cumplirán 20 años del último movimiento judicial por la localización de Antonio Anglés, cuango hubo una investigación a raíz de unas llamadas y correos electrónicos recibidos por su hermana.
Teoría conspirativa
Por descontado, la investigación oficial «rechaza cualquier teoría conspirativa», como destacan las fuentes consultadas por la agencia de comunicación, una opción que desde bien pronto defendió y sigue manteniendo el padre de una de las niñas, así como otras muchas personas que apoyaron desde el principio sus tesis.
Lo cierto es que, el caso sigue vivo. Fue el pasado mes de octubre cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira ordenó una nueva inspección de los vehículos de los dos principales acusados, para aprovechar los avances en materia forense. La intención de esta indicación era encontrar rastros de ADN de las menores. También ordenó analizar algunos pelos hallados en la caseta de La Romana donde, se considera probado, cometieron los crímenes, porque en su momento no fue posible encontrar información genética. El propósito de la magistrada que mantiene abierta la búsqueda de Antonio Anglés es encontrar pruebas de su presencia en el lugar de los hechos.
La Policía Nacional no solo no ha abandonado la búsqueda del prófugo sino que, además, recientemente pidió utilizar su perfil en una campaña de búsqueda europea con la colaboración de la Interpol.
En definitiva, el caso Alcàsser no está cerrado, ya sea porque, por la vía oficial, siguen buscando al principal encausado o porque existen personas que creen que no se investigó adecuadamente, que hubo fallos graves de procedimiento o incluso consideran que se intentó ocultar de manera intencionada la realidad del suceso que paralizó a la Comunitat y cuestionó el tratamiento mediático de este tipo de tragedias.
