Pedro Recio, el superestafador de fincas de vecinos que acumula, al menos, cinco condenas por apropiación indebida en Castellón, debe devolver casi un millón de euros a víctimas de Orpesa tras su última condena. Así lo recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que le impone dos años y seis meses de prisión y una responsabilidad civil que roza los 900.000 euros por el total distraído de las cuentas bancarias de comunidades de propietarios. Del pago de estas cantidades es responsable el ya sentenciado, así como la empresa Servicom SL, de la que él era administrador único.
El pasado mes noviembre el ya condenado afrontó dos juicios por casos distintos, pero por un modus operandi similar, con apenas 72 horas de diferencia. En ambos procedimientos fue condenado, declarándose culpable el propio procesado y llegando a un acuerdo con la Fiscalía Provincial de Castellón.
Modus operandi
Según el relato de hechos de la mayoría de las sentencias contra él, Recio realizaba labores de administración para residenciales de Orpesa y Cabanes. Aprovechando el control que tenía sobre las cuentas, comunicaba a la junta de propietarios que las cuotas de mantenimiento anuales de los ascensores ascendían a varios miles de euros, pero en realidad únicamente abonaba una pequeña cantidad. Como han declarado probado ya varios tribunales, el condenado solía ingresar la diferencia en la cuenta de su empresa, ignorándolo los vecinos, quienes generaban una gran deuda de la que no eran conocedores.
Colegio de administradores
En el año 2019 el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón se desmarcó del condenado por desfalco a comunidades de vecinos y advirtió que Recio no está colegiado en su institución. «En su política de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón pone sus servicios a disposición de todos los ciudadanos para que realicen cuantas preguntas consideren de interés en defensa de sus derechos en este caso o en cualquier otro», explicaron en un comunicado.
«¿A cuántas comunidades más habrá engañado este hombre? Parece que era su modus vivendi», opinan las víctimas.
Este no es, ni mucho menos, un caso aislado y es que el mercado inmobiliario aglutina numerosas denuncias que acaban en ocasiones en procedimientos penales por una presunta gestión irregular de comunidades de propietarios, estafas en la venta de pisos o engaños en alquileres vacacionales --habitual en localidades costeras de provincias turísticas como la de Castellón--.
